Las críticas a la ley de limitación de vehículos, que comenzará a regir en Ibiza en poco más de tres semanas, ha sumado un nuevo capítulo: la naviera Baleària ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la regulación de entrada de vehículos en la isla, aprobada en marzo por el Consell Insular.
La compañía, que ya se había manifestado en contra en diversas ocasiones, pide la suspensión cautelar de la norma que limita el acceso de vehículos motorizados durante la temporada alta, una medida considerada histórica por el gobierno insular.
Aunque el presidente de Baleària, Adolfo Utor, ya había criticado con dureza la ley autonómica, hasta ahora no había trascendido que su empresa hubiese dado el paso de acudir a los tribunales. Ahora, el propio Consell ha confirmado la existencia del recurso, que cuestiona la legalidad del acuerdo de pleno del 28 de marzo por el que se fijaron los cupos máximos de entrada de vehículos en aplicación de la Ley balear de regulación del tráfico turístico.
Baleària ha defendido que la llegada de coches en ferry no es la causa del colapso de las carreteras de la isla, sino que el problema radica en la alta densidad de vehículos que ya circulan durante todo el año.
El Consell responde: “El interés general está por encima de una empresa”
En una nota oficial, el Consell insular ha reiterado su compromiso con la norma y ha afirmado que la voluntad del pueblo ibicenco y balear ya quedó expresada en el Parlament en noviembre de 2024, con la aprobación de la Ley. Posteriormente, en marzo de 2025, el Consell aprobó su reglamento de aplicación.
“El interés general de los ciudadanos de Ibiza debe estar por encima de los intereses privados de una compañía de transporte”, sostiene el comunicado.
El Consell confía en que la petición de suspensión cautelar no prospere y que la planificación siga su curso, con la entrada en vigor de la limitación de vehículos este mes.
Un movimiento esperado, pero no oficializado hasta ahora
La maniobra judicial de Baleària no sorprende del todo. El mes pasado, Utor había cuestionado duramente la ley y lanzado distintas amenazas, incluso retirar los servicios de la naviera a la isla.
En ese momento, tampoco descartó que la compañía recurriera a la vía judicial. «Es jurídicamente inviable, los tribunales decidirán», había advertido.
Incluso, en marzo Utor había solicitado suspender de forma provisional la medida hasta arribar a acuerdos con los distintos sectores implicados, algo que el Consell nunca consideró. En esa línea, Baleària hizo distintas alegaciones a la normativa, que pone un tope de circulación de 20.168 coches diarios, con el fin de reducir la saturación del tráfico en temporada alta.
Tanto Baleària como otras navieras han alertado que la medida pone en riesgo sus servicios.
