Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, compareció este miércoles en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, en calidad de investigada por un presunto delito de malversación de caudales públicos. La causa está dirigida por el juez Juan Carlos Peinado, que investiga si su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, realizó labores fuera de las funciones para las que fue contratada por Presidencia.
Durante su intervención, Gómez reconoció que Álvarez pudo hacerle “algún favor” en calidad de amiga, pero rechazó que existiera ninguna ilegalidad. Según fuentes jurídicas, la comparecencia fue muy breve: apenas respondió a cuatro preguntas de su abogado y evitó cualquier mención a los correos electrónicos que forman parte de la investigación.
El foco de la investigación
El juez ve indicios de que Álvarez, contratada para tareas de acompañamiento, seguridad, agenda y protocolo de Gómez, habría enviado correos relacionados con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y con patrocinadores de la cátedra extraordinaria que impartió Gómez en este centro público. Esta situación es la que abre la sospecha de un posible desvío de recursos y, por tanto, de malversación.
En su declaración, Gómez se limitó a repasar las funciones para las que Álvarez fue contratada, coincidiendo con lo ya expuesto en un escrito remitido previamente por Moncloa al juez. La defensa de la esposa del presidente insiste en que cualquier ayuda personal prestada por la asesora formaría parte de una relación de amistad y no de un uso indebido de fondos públicos.
Un recurso clave de la defensa
La referencia a los “favores como amiga” ya había sido utilizada en un recurso ante la Audiencia Provincial, en el que la defensa de Gómez pedía anular la incorporación de cientos de correos electrónicos como prueba en la investigación. El equipo legal sostiene que estos documentos no son relevantes para acreditar un posible delito de malversación.
Las acusaciones populares, representadas por la asociación Hazte Oír, estuvieron presentes en la declaración pero no pudieron formular preguntas. La comparecencia, que apenas duró dos minutos, estuvo marcada por la sobriedad y el hermetismo de Gómez a la hora de responder.
La postura de Cristina Álvarez
Por su parte, Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa que también figura como investigada en la causa, se acogió a su derecho a no declarar. El juez indaga si, como Gómez, pudo incurrir en responsabilidades penales por realizar actividades ajenas a sus competencias oficiales mientras ocupaba un puesto remunerado con dinero público.
Un fuerte dispositivo de seguridad
Al igual que en ocasiones anteriores, Gómez accedió al edificio judicial por el garaje en un vehículo oficial, medida adoptada por razones de seguridad. En el exterior, una veintena de manifestantes se concentraron en la madrileña calle Bravo Murillo, a unos cien metros del acceso principal de los juzgados. Entre cánticos de “Sánchez, a prisión” y acusaciones de “ladrona”, los congregados expresaron su rechazo antes de disolverse tras la breve declaración.
Contexto político y mediático
El caso de Begoña Gómez ha generado un notable impacto político y mediático en España. La investigación judicial coincide con un clima de fuerte polarización, en el que las acusaciones de corrupción y malversación se utilizan como arma arrojadiza entre partidos. La oposición ha reclamado explicaciones al presidente del Gobierno, mientras el Ejecutivo insiste en que confía en que la Justicia esclarezca los hechos y que no existe ninguna actuación irregular.
Próximos pasos en la causa
Tras la declaración de Gómez y la decisión de Álvarez de acogerse a su derecho a no declarar, el juez Peinado deberá valorar la documentación disponible y las pruebas presentadas por las partes. Aún no se ha determinado si se llamará a nuevos testigos ni si se ampliará la investigación hacia otras personas vinculadas a la Universidad Complutense o a la Secretaría de Presidencia.
De momento, el procedimiento se encuentra en fase de instrucción, y no hay fecha para una posible resolución. El futuro judicial de Gómez y Álvarez dependerá de si las pruebas acreditan o no el uso indebido de recursos públicos en beneficio privado.
Un caso con gran repercusión
La investigación contra la esposa del presidente sitúa de nuevo el debate sobre transparencia, ética pública y uso de recursos estatales en el centro de la agenda política. Aunque Gómez ha recalcado que los supuestos favores recibidos se enmarcan en una relación personal de amistad, la oposición y parte de la opinión pública reclaman que se aclaren todas las dudas en sede judicial.
El desenlace de este caso, que tiene como protagonistas a Begoña Gómez y a su asesora Cristina Álvarez, marcará en los próximos meses tanto la evolución del procedimiento judicial como el pulso político en torno a La Moncloa.
