Carmen Ferrer, alcaldesa de Santa Eulària, junto con Antonia Picó, concejala de Bienestar Social, y personal técnico de los departamentos de Servicios Sociales y Servicios Jurídicos, se han reunido esta mañana en el Ayuntamiento con el representante legal y los portavoces de los desalojados del camping ilegal de Can Rova. Este desalojo se llevó a cabo el pasado 31 de julio por mandato judicial debido al desacuerdo entre los seis propietarios de la finca.
La reunión coincide con una manifestación en la plaza de España, donde una veintena de afectados expresó sus preocupaciones. Carmen Ferrer ha explicado el historial de expedientes municipales relacionados con el camping ilegal desde su detección y ha destacado el trabajo técnico de los Servicios Sociales.
El Consistorio ha subrayado que actuará contra la propiedad del camping por las actividades irregulares en el entorno de es Puig d’en Valls, señalando los riesgos de incendio y los graves daños medioambientales que se han producido durante meses en Can Rova.
Ferrer
Ferrer ha declarado: “Estamos ante un conflicto entre particulares, en un desahucio ejecutado por mandato judicial y en un entorno en el que había un riesgo grave e inminente para las personas en el cual, además, no se nos dejaba actuar”.
Además, ha mencionado que los Servicios Sociales han trabajado durante semanas con las 14 familias que tienen menores a su cargo en el campamento ilegal y continúan asistiendo a las personas catalogadas como vulnerables. “No se trata de un trabajo político, son criterios técnicos. Y son los mismos criterios que se llevan años siguiendo en todas las situaciones de emergencia”, ha añadido Ferrer.
Ayudas
Por otro lado, durante la noche del 5 al 6 de agosto, 17 personas pernoctaron en el polideportivo del CEIP S’Olivera. Inicialmente, 29 personas utilizaron esta instalación temporal y de emergencia, pero el número ha disminuido a medida que se encuentran otras soluciones habitacionales.
Se ha proporcionado ayuda para regresar a sus lugares de origen a cinco personas y se ha cubierto la fianza para que dos familias puedan mudarse a viviendas. Ninguna de las personas que ha dormido en S’Olivera ha sido clasificada como vulnerable, y el servicio estará operativo hasta el próximo viernes. Después, se continuará trabajando con las familias de forma individualizada, y se insta a quienes aún no estén identificados a contactar con el departamento de Servicios Sociales.
Las familias consideradas vulnerables, especialmente los menores y sus madres, han sido acogidas en el centro Nazaret de la ONG Cáritas y en el centro de baja exigencia Sa Joveria, servicios con los que el Ayuntamiento colabora económicamente como parte de la red insular.
