El abogado de la propiedad de Casa Lola, Juan Carlos Rodríguez Tur, ha explicado a La Voz de Ibiza los detalles pendientes del desalojo de la finca, ordenado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza. Según el letrado, todavía no existe fecha fijada para la operación, ya que esa decisión corresponde al dispositivo policial encargado de desalojar a cerca de 200 personas que ocupan el lugar.
El desalojo de Casa Lola llega después de que el asentamiento viviera su episodio más grave: la muerte de una persona tras un incendio registrado en la finca. El suceso marcó un punto de inflexión en el conflicto y reforzó la presión sobre la Justicia y las administraciones para poner fin a una ocupación marcada por la precariedad y la tensión vecinal.
A la espera de la Guardia Civil
Rodríguez Tur ha insistido en que ni la propiedad ni él mismo tienen capacidad para marcar un calendario. «No hay fecha, ni la fijamos nosotros», ha explicado, recordando que ese extremo ya figuraba en un comunicado previo. Son la Guardia Civil y la Policía Local quienes deben montar el operativo necesario para desalojar a las cerca de 200 personas asentadas en la finca, una cifra que, según el abogado, complica la logística del dispositivo.
El letrado ha señalado que serán los propios cuerpos de seguridad quienes decidan cuándo está todo preparado para actuar, y que la propiedad será avisada en ese momento. Sobre cómo se organizará el operativo —de una sola vez o por fases— y sobre qué cuerpo coordina exactamente el dispositivo, Rodríguez Tur ha reconocido que no dispone de esa información, al tratarse de una decisión que no corresponde a la propiedad.
Sin aviso previo a los ocupantes
A preguntas de este periódico, el abogado ha confirmado que no se dará aviso previo a los ocupantes antes del desalojo. Se trata, ha explicado, de un procedimiento dirigido contra ocupantes desconocidos, por lo que la ley no obliga a notificar la fecha de antemano. No obstante, ha apuntado que la repercusión mediática del caso hace improbable que la operación coja por sorpresa a quienes viven en la finca.
Lo que quede en la finca se considerará abandonado
Sobre el destino de caravanas, infraviviendas y pertenencias de los ocupantes, Rodríguez Tur ha sido tajante: una vez ejecutado el desalojo, todo lo que permanezca en la finca se considerará abandonado. Según ha explicado, corresponde a los propios ocupantes retirar sus bienes y enseres antes de que se produzca la actuación policial.
Riesgo de incidentes: «eso pregúntaselo a la Guardia Civil»
Preguntado por la posibilidad de resistencia o incidentes durante el desalojo —dado el historial de tensión y el incendio mortal registrado en el asentamiento—, el abogado ha derivado la cuestión a los cuerpos de seguridad, recordando que la propiedad no ejecuta materialmente la operación.
El plan tras el desalojo: vallado, seguridad y derribo
De cara a después del desalojo, Rodríguez Tur ha detallado los pasos previstos para evitar una nueva ocupación de Casa Lola. La propiedad planea limpiar y vallar la finca, y no descarta recurrir a seguridad privada o incluso electrificar el vallado si resulta una medida viable. El objetivo, según ha explicado, es retirar toda la basura acumulada y derribar las construcciones ilegales levantadas por los ocupantes durante los meses de asentamiento.
El abogado ha avanzado además que la propiedad tiene intención de rehabilitar la vivienda una vez desalojada, con el fin de que Casa Lola no vuelva a convertirse en foco de ocupación ni de conflictos en la zona, después de meses marcados por la tensión vecinal y la muerte de una persona en un incendio.
