El Tribunal Supremo, reunido este jueves en Madrid, ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos cometido en marzo de 2024 al difundir datos reservados del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, según comunicó el propio alto tribunal en un fallo adelantado a las partes.
Condena con voto discrepante
El fallo, avanzado antes de que la sentencia esté redactada, salió adelante por cinco votos frente a dos, con el apoyo de los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, José Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela. Las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, de perfil progresista, anunciaron voto particular. Polo, ponente inicial del caso, fue sustituida por Martínez Arrieta debido a su discrepancia con la mayoría, un movimiento que marca un hito judicial.
En este contexto, la mayoría conservadora del tribunal ha resuelto apenas una semana después de que concluyera un juicio considerado histórico, al ser la primera vez que un fiscal general se sentaba en el banquillo.
Fragmento del fallo conocido
Hasta ahora solo se ha difundido el párrafo decisivo: “Debemos condenar y condenamos a García Ortiz (…) a la pena de multa de 12 meses con cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial por 2 años”. El artículo 417.1 del Código Penal sanciona a quien, siendo autoridad o funcionario, revele datos reservados que no debían divulgarse, con penas de entre uno y tres años de inhabilitación.
El tribunal también reconoce 10.000 euros en daños morales a González Amador, muy lejos de los 300.000 que reclamaba la acusación particular.
Acusaciones enfrentadas
En el juicio coincidieron siete acusaciones que pedían condena —entre ellas la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Manos Limpias y la acusación popular unificada liderada por la Fundación Foro Libertad y Alternativa, que integra a Vox y Hazte Oír— frente a la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que solicitaron la absolución.
El abogado de González Amador pidió cuatro años de prisión, tres de inhabilitación y una multa de 108.000 euros. APIF, más dura, reclamó seis años de cárcel y doce de inhabilitación, apuntando incluso a un delito de prevaricación.
Filtraciones y notas internas
El proceso examinó dos hechos: la presunta filtración a la Cadena SER, la noche del 13 de marzo de 2024, del correo enviado por la defensa del empresario el 2 de febrero ofreciéndose a reconocer dos delitos fiscales; y la nota de prensa emitida por la Fiscalía a las 10.22 horas del 14 de marzo para desmentir una información previa de El Mundo.
Aunque el Supremo descartó inicialmente que esta nota fuera delictiva, el instructor Ángel Hurtado la reincorporó más tarde al caso, lo que generó un giro procesal inesperado.
Testimonios clave y reconstrucción de los hechos
Durante las seis jornadas de vista oral declararon más de 40 testigos, incluidos periodistas que aseguraron conocer la información antes de que García Ortiz recibiera el correo filtrado a las 21.59. Almudena Lastra, jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, relató que advirtió al fiscal general: “Álvaro, ¿has filtrado tú?”, algo que él negó.
La defensa sostuvo que la única filtración acreditada era un correo enviado por el fiscal Julián Salto el 12 de marzo, que terminó reenviado al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien lo difundió “entre periodistas desde las 19.00”.
El fiscal general proclamó su inocencia y defendió que actuó por su “obsesión” con esclarecer lo ocurrido y proteger a la institución ante lo que consideraba una campaña de desprestigio. En su última frase afirmó: “La verdad no se filtra, la verdad se defiende”, declaración que será reproducida íntegramente en la sentencia cuando se haga pública.
