La aerolínea Plus Ultra vuelve a ocupar titulares, esta vez por razones ajenas a su actividad comercial. El presidente de la compañía, Julio Martínez, y el consejero delegado, Roberto Roselli, fueron detenidos este jueves en una operación policial que investiga un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con la gestión económica de la empresa y con el rescate público aprobado en 2021.
La compañía, que se define como una aerolínea española especializada en conexiones entre Madrid y varias ciudades latinoamericanas y africanas, lleva años envuelta en polémicas vinculadas a su financiación, su accionariado y su viabilidad económica.
De un proyecto ambicioso a una operación bajo sospecha
Aunque sus primeros vuelos despegaron en 2015, la historia de Plus Ultra comenzó en 2011, impulsada por los ejecutivos españoles Julio Martínez Sola y Fernando González Enfedaque, antiguos responsables en Air Madrid: su objetivo era competir en rutas de largo radio entre España, Latinoamérica y África operando principalmente con aviones Airbus A330.
Sin embargo, desde su fundación la aerolínea nunca logró presentar beneficios. La falta de rentabilidad fue cubierta durante años con ampliaciones de capital y préstamos de diversas sociedades, entre ellas dos vinculadas a tres empresarios venezolanos con intereses en Panamá: Rodolfo José Reyes Rojas, Raif El Arigie Harbie y Roberto Roselli Mieles. Estas firmas (Snip Aviation y FlySpain) controlan hoy más de la mitad del accionariado y han mantenido a la compañía operativa a base de inyecciones económicas sucesivas.
La procedencia de esos fondos, su relación con estructuras financieras en Panamá (considerado paraíso fiscal por España) y el creciente peso de inversores venezolanos marcaron el comienzo de las controversias que rodean a la empresa.
El rescate público que desencadenó el debate político
En plena crisis provocada por la pandemia, Plus Ultra solicitó ayuda al Estado para garantizar su continuidad. El 9 de marzo de 2021, el Gobierno autorizó un rescate de 53 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI: la decisión se basó en informes externos que consideraban estratégicas las rutas operadas por la compañía.
El paquete financiero incluía un préstamo ordinario de 19 millones y otro participativo de 34 millones destinados al pago de deudas, salarios, reembolsos a pasajeros y renovación de la flota. Aunque la operación contaba con respaldo técnico, abrió un intenso debate político: partidos de la oposición cuestionaron la transparencia del proceso y pusieron el foco en la participación mayoritaria de empresarios venezolanos y en los vínculos de la aerolínea con empresas radicadas en Panamá.
Fernando García Manso, entonces presidente de la compañía, defendió que la ayuda pública fue “la estrictamente necesaria” y que la desaparición de Plus Ultra podría generar monopolios en rutas esenciales.
El origen de la causa: préstamos, cuentas extranjeras y capital venezolano
El giro decisivo llegó en octubre de 2024, cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia señalando que parte del rescate habría servido para amortizar deudas relacionadas con una supuesta red internacional de blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. Según la investigación preliminar, los fondos públicos podrían haberse desviado hacia cuentas en el exterior vinculadas a esa organización.
La Audiencia Nacional, tras revisar el caso, se inhibió por falta de competencia territorial, derivando el procedimiento al Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid, donde sigue bajo secreto de sumario. Es en este marco donde se producen las detenciones de Martínez y Roselli, consideradas clave para esclarecer el flujo de dinero y el papel que jugaron las sociedades accionistas.
Una aerolínea en el punto de mira
Plus Ultra se presenta como una compañía española con tripulación propia y rutas consolidadas hacia Latinoamérica y África. Sin embargo, la combinación de pérdidas recurrentes, capital extranjero opaco y un rescate fuertemente cuestionado ha convertido a la aerolínea en uno de los casos más controvertidos del sector aéreo reciente.
La investigación continúa abierta y deberá determinar si hubo desvío ilícito de fondos, si existió una red de blanqueo vinculada a inversores venezolanos y cuál fue el grado de responsabilidad de los directivos detenidos.
