La Policía Local de Sant Josep ha denunciado este viernes a dos conductores por ejercer como taxistas pirata, es decir, transportar pasajeros sin la correspondiente autorización administrativa. Ambos vehículos fueron inmovilizados y retirados por la grúa, y los infractores se enfrentan ahora a sanciones económicas que oscilan entre los 15.000 y los 25.000 euros, según la legislación balear vigente.
Entre las personas sancionadas figura una vieja conocida del cuerpo local: una conductora rumana con numerosos antecedentes en este tipo de actividad ilegal. Conocida coloquialmente como “la reina del taxi pirata”, esta mujer lleva más de dos décadas operando de forma clandestina en la isla, especialmente en los accesos y zonas próximas al aeropuerto de Ibiza, donde es vista con frecuencia transportando turistas y residentes.
Desde la Policía Local se ha recordado que este tipo de actividad, además de ser ilegal, deja completamente desprotegido al pasajero ante cualquier incidente, fraude o accidente, ya que carece de seguro, cobertura legal o capacidad de reclamación. Asimismo, recalcan que estas prácticas perjudican seriamente al sector del taxi legal, que cumple con todas las normativas en materia de licencias, seguridad y fiscalidad.
Un caso reincidente que se arrastra desde 2024
Esta nueva intervención no es un hecho aislado. Ya en julio de 2024, La Voz de Ibiza documentó un episodio similar: la misma conductora fue interceptada por la Policía Local tras registrar una intensa actividad en el entorno del aeropuerto. Según relataron entonces varios taxistas, a las pocas horas de la intervención, volvió a operar con un vehículo de sustitución, desafiando los controles y poniendo en evidencia la dificultad de las autoridades para erradicar este tipo de intrusismo.
“La pillaron el sábado y le retiraron el coche, pero dos horas después ya estaba saliendo cargada del aeropuerto”, relató entonces un taxista de Sant Josep. Su figura, explicaban, es tan conocida en el circuito del taxi ilegal que otros piratas la respetan como una veterana intocable, y su reincidencia se repite con frecuencia.
Denuncias que no siempre se traducen en sanciones efectivas
Aunque la Policía Local y la Guardia Civil pueden levantar actas de infracción y retirar los vehículos, la responsabilidad de imponer y ejecutar la sanción recae sobre el Consell Insular. Según denuncian los propios taxistas, muchas multas nunca llegan a cobrarse cuando los infractores no tienen bienes a su nombre o no están registrados fiscalmente en España. Esto alimenta una sensación de impunidad que dificulta el trabajo policial.
“El problema es que aunque se propongan sanciones, si la persona no tiene cuenta bancaria, propiedades o una residencia fiscal clara, es muy difícil ejecutar el cobro”, señalan fuentes del sector.
Un perjuicio directo para el taxi legal
La Policía Local de Sant Josep ha insistido en que este tipo de actuaciones se enmarca en una campaña continuada para proteger a los profesionales del taxi que sí cumplen la ley. A través de controles de matrículas, vigilancia activa en puntos clave y operativos encubiertos, se busca reducir el número de taxis pirata que afectan al equilibrio del mercado y ponen en riesgo la seguridad del pasajero.
“Nuestro objetivo es garantizar un transporte seguro, legal y profesional”, ha subrayado el cuerpo en su nota oficial. Y, pese a las dificultades, aseguran que seguirán actuando con firmeza para frenar el intrusismo, aunque este adopte formas cada vez más escurridizas.
