La herramienta en la que miles de empleadores deben completar desde este viernes la evaluación de riesgos laborales de las trabajadoras del hogar amaneció inaccesible.
El Ministerio de Trabajo confirmó que la plataforma Prevencion10.es, gestionada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, sufrió un ataque informático que dejó el servicio fuera de funcionamiento en pleno arranque de la obligación legal.
¿Por qué se ha caído la web de Prevencion10.es?
En un comunicado enviado a los medios, el departamento de Yolanda Díaz explicó que la caída de la web no se debió a un exceso de usuarios, como se sospechó en un primer momento, sino a un “ataque malicioso” que saturó el sistema.
Según datos facilitados por Trabajo, en apenas 24 horas se detectaron más de 49 millones de intentos de acceso procedentes de más de 16.000 direcciones IP sospechosas. Algunas llegaron a generar más de un millón de solicitudes por sí solas, un volumen inasumible para una plataforma diseñada para atender a los alrededor de 350.000 empleadores de trabajadoras del hogar que figuran en la Seguridad Social.
El origen del ataque aún no ha sido concretado por el ministerio, que tampoco ha anunciado por ahora si presentará denuncia. Los técnicos trabajan “a contrarreloj” para recuperar la operatividad del portal, mientras que las consultas se canalizan temporalmente a través del correo prevencion10@insst.mites.gob.es.
Una obligación que entra en vigor en pleno colapso
La incidencia llega en una fecha clave, ya que este viernes se cumplen seis meses desde que se lanzó Prevencion10.es, periodo tras el cual la evaluación de riesgos en los hogares empleadores pasa a ser exigible. El sistema proporciona a los usuarios un informe con los riesgos detectados, las medidas preventivas recomendadas y la información que debe trasladarse a las trabajadoras.
No completar la evaluación o no comunicar las medidas adoptadas puede derivar en sanciones. Aunque la Inspección suele actuar con flexibilidad en las primeras semanas de implantación de una obligación nueva, la normativa contempla multas que pueden oscilar entre los 2.450 euros, si la infracción se considera leve, y hasta 49.180 euros en casos graves con agravantes.
Trabajo ha insistido en que la herramienta no genera costes adicionales para los empleadores y que su objetivo es trasladar al empleo doméstico los mismos estándares de protección presentes en otros sectores. El colectivo, altamente feminizado y compuesto en un 80% por mujeres mayores de 40 años (según cifras manejadas por el ministerio), llevaba décadas excluido de los sistemas de prevención.
El trasfondo: retrasos y tareas pendientes
La caída de la web se suma a varios compromisos aún sin cumplir. Tal como recordaba El Independiente en mayo, el ministerio tenía previsto lanzar una plataforma formativa para empleadas de hogar, un protocolo contra el acoso y una guía técnica en materia de riesgos laborales.
Ninguno de esos documentos ha visto la luz en los plazos anunciados (marzo y septiembre), lo que añade presión a una transición que debía reforzar la protección de un colectivo históricamente desatendido.
