La tasa de emancipación juvenil en Baleares se situó en el 16,2 por ciento en el segundo semestre de 2024, una cifra que supone una caída de casi dos puntos respecto al mismo periodo del año anterior y que mantiene al archipiélago entre las regiones con mayores dificultades de acceso a la vivienda para la población joven.
Los datos, recogidos en el último informe del Observatori d’Emancipació Juvenil y presentados este martes en Palma por el presidente del Consell de la Joventut de les Illes Balears, Pau Emili Muñoz, y la presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea González Henry, reflejan una situación crítica en la que el empleo, por sí solo, no garantiza la posibilidad de iniciar una vida independiente.
Según el estudio, el salario medio de las personas jóvenes entre 16 y 29 años apenas creció cuatro euros en el último semestre del año, pasando de 1.172 euros a 1.175,96. Mientras tanto, el precio medio del alquiler en Baleares subió un 9,3 por ciento en comparación con 2023, hasta alcanzar los 1.408 euros mensuales, y la vivienda en venta se encareció un 12,1 por ciento.
La vivienda más cara del Estado y siete años de sueldo para la entrada
Los responsables del informe advierten que, en términos comparativos, Baleares lidera el encarecimiento tanto de la vivienda en alquiler como en propiedad, con cifras que superan las medias estatales. Un joven necesita destinar 7,1 años de salario íntegro solo para cubrir la entrada de un piso, frente a los cuatro años de media en el conjunto del Estado.
La imposibilidad de acceder a una vivienda se refleja en el dato más significativo del estudio: el 111,9 por ciento del salario medio neto juvenil se destina al pago del alquiler. En el caso de las mujeres jóvenes, este porcentaje se eleva al 122 por ciento, debido a la persistente desigualdad salarial por razón de género. Para quienes optan por la compra, el esfuerzo es similar: el coste mensual de una hipoteca representa ya el 111 por ciento del salario neto.
La mitad trabaja, pero solo uno de cada diez vive fuera del hogar familiar
A pesar de que cerca del 50 por ciento de los jóvenes de entre 16 y 29 años en Baleares tienen empleo, solo el 10,9 por ciento de ellos vive fuera del hogar familiar. Esto significa que nueve de cada diez jóvenes con ingresos propios no logran emanciparse.
La situación es aún más paradójica si se tiene en cuenta que el 37,2 por ciento de los jóvenes ocupados compagina trabajo y estudios, una cifra que ha aumentado más de 14 puntos porcentuales respecto al año anterior. Además, el 35,9 por ciento está sobrecualificado para el empleo que desempeña, y uno de cada diez jóvenes tiene contratos de jornada reducida a pesar de su disponibilidad para trabajar más horas.
El Consell de la Joventut reclama soluciones “urgentes y valientes”
Ante este panorama, el Consell de la Joventut de les Illes Balears ha presentado una serie de propuestas dirigidas a las administraciones. Pau Emili Muñoz advirtió de que “cuanto más se tarde en actuar, más radicales y contundentes deberán ser las medidas”, y calificó la situación como un “colapso vital” para la juventud de las islas.
Entre las propuestas planteadas se encuentran la reconversión de instalaciones obsoletas como el cuartel de Son Busquets en Palma para destinarlo a vivienda pública, su cesión a cooperativas sociales, la reserva del 15 por ciento del parque público de vivienda para jóvenes y la limitación de los precios del alquiler. Según Muñoz, aunque el Govern ya ha comenzado a aplicar algunas de estas medidas, es necesario avanzar con más decisión.
“Trabajar ya no garantiza ni siquiera empezar a imaginar una vida independiente, y el encarecimiento desbocado de la vivienda está expulsando a los jóvenes de su propio territorio”, denunció Muñoz.
Uno de cada siete jóvenes está en riesgo de pobreza
El informe también señala que el 13,7 por ciento de los jóvenes en Baleares se encuentra en riesgo de pobreza, un dato que evidencia el deterioro de las condiciones de vida incluso entre quienes cuentan con empleo.
Por su parte, la presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea González Henry, subrayó que “hablar de juventud no es hablar solo de datos, sino de derechos, de presente, de calidad democrática”, y reclamó a las instituciones un giro estructural en las políticas públicas.
Entre las demandas prioritarias, González Henry destacó la necesidad de intervención real en el mercado de la vivienda, con un incremento masivo del parque público de alquiler asequible, una regulación efectiva del precio del alquiler en zonas tensionadas, y la mejora del bono joven de alquiler, con trámites más sencillos y adaptación a los precios reales.
También reclamó una reforma del mercado laboral para garantizar la estabilidad y la dignidad en el empleo, además de una mayor equidad territorial, ya que la realidad de la emancipación juvenil varía significativamente entre comunidades. “Madrid y Cataluña presentan los mejores datos, mientras que Baleares, Castilla-La Mancha o Andalucía se sitúan entre los peores”, advirtió.
