El Gobierno ha dado un paso decisivo en su estrategia de protección social. El Consejo de Ministros ha aprobado la actualización de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, un documento que, por primera vez, pone sobre la mesa una medida histórica: una prestación universal por crianza. Esta ayuda, impulsada con fuerza desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, busca equiparar a España con otros países europeos en la lucha contra la pobreza infantil y el fomento de la natalidad.
¿En qué consiste la ayuda y quiénes la recibirán?
La propuesta plantea una transferencia directa de 200 euros mensuales (2.400 euros anuales) por cada menor de 18 años a cargo. La principal novedad radica en su carácter universal: a diferencia de otras subvenciones actuales, esta no dependerá del nivel de ingresos de la unidad familiar.
Al concebirse como un derecho básico, similar a la educación o la sanidad, todas las familias residentes en España podrán solicitarla siempre que cumplan con requisitos administrativos mínimos como el empadronamiento y la residencia legal.
Cuándo entrará en vigor la medida económica
A pesar de la aprobación en el Consejo de Ministros, la implementación real de la medida enfrenta un obstáculo legislativo: la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. El ministro Pablo Bustinduy ha vinculado esta prestación a las cuentas públicas, señalando que el objetivo es que vea la luz «cuanto antes».
Sin embargo, debido a la falta de acuerdos parlamentarios previos, el Gobierno ha optado por blindar la medida dentro de la Estrategia 2030 como un compromiso internacional, lo que presiona para que se incluya en la próxima negociación presupuestaria.
Cuáles son las vías de financiación de las prestaciones
El objetivo de esta prestación es ambicioso: según estimaciones del Ministerio, podría reducir la pobreza infantil en un 50%. Datos de UNICEF sugieren que, con una cuantía de 200 euros, más de medio millón de niños y adolescentes en España saldrían de una situación de vulnerabilidad.
Para sufragar el alto coste de esta medida, la propuesta incluye una vía de financiación específica: la creación de un impuesto para grandes patrimonios.
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El plan: gravar con un 2% anual a aquellas fortunas que superen los 100 millones de euros.
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Recaudación prevista: se estima que esta tasa permitiría ingresar unos 5.200 millones de euros anuales, suficientes para sostener el nuevo sistema de crianza.
¿En qué se diferencia del resto de ayudas económicas?
A diferencia del mapa actual de subsidios en España, que funciona mediante parches segmentados, la nueva prestación universal busca unificar y simplificar el apoyo a las familias. Actualmente, el sistema se apoya en el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), una herramienta vinculada al Ingreso Mínimo Vital que oscila entre los 57 y los 115 euros mensuales según la edad del menor, pero que está limitada exclusivamente a los hogares con menos recursos.
Por otro lado, la conocida deducción por maternidad de 100 euros mensuales solo beneficia a madres trabajadoras con hijos de hasta tres años, dejando fuera a una gran parte de la población infantil.
Además, mientras las ayudas vigentes se centran en pequeños aportes económicos, la nueva Estrategia 2030 pretende dar un salto cualitativo al absorber estos beneficios y complementarlos con medidas de conciliación integrales, como la extensión de los permisos por nacimiento y cuidado del menor hasta las 20 semanas.
