Hasta hace poco, obtener una incapacidad suponía el cese inmediato de la actividad laboral para comenzar a percibir una prestación. Sin embargo, con el nuevo marco legal, el reconocimiento de una incapacidad ya no conlleva la rescisión obligatoria del contrato, sino que abre la posibilidad de que el trabajador continúe en la empresa en un puesto adecuado a sus condiciones.
La incompatibilidad entre el salario del puesto adaptado y la prestación
La base de esta regulación es la suspensión de la pensión cuando el trabajador se mantiene en activo dentro de la misma empresa tras una adaptación de funciones: la Seguridad Social establece que la pensión tiene como objetivo cubrir la pérdida de ingresos derivada de una dolencia; por lo tanto, si la compañía ajusta el puesto y el empleado sigue percibiendo su salario habitual, la prestación económica queda pausada.
Este mecanismo busca garantizar que no se produzca un doble ingreso (sueldo y pensión) por el desempeño de una misma actividad profesional que ha sido rediseñada.
El proceso de decisión y los plazos para el trabajador
Para que este sistema se active, el beneficiario debe seguir un protocolo de comunicación con tiempos muy definidos. Una vez que se notifica oficialmente la resolución de la incapacidad, el interesado cuenta con un margen de diez días naturales para informar a su empleador sobre su voluntad de conservar el empleo.
Si el trabajador opta por esta vía, la empresa inicia un periodo de tres meses para evaluar si técnica y organizativamente puede realizar las modificaciones necesarias en el puesto o si existe una vacante compatible donde reubicarlo.
Escenarios de extinción del contrato y activación del pago
El cobro de la pensión solo se inicia de forma efectiva cuando se confirma que el vínculo laboral no puede continuar: esto sucede en dos situaciones: cuando el trabajador decide no seguir en la empresa tras recibir la incapacidad, o cuando la compañía acredita que no es viable realizar ajustes razonables en su estructura para acoger al empleado.
En estos casos, el contrato se extingue legalmente y el Instituto Nacional de la Seguridad Social procede a activar el abono mensual de la prestación de forma ordinaria.
Garantía de reactivación tras la suspensión temporal
Uno de los puntos clave para la tranquilidad del trabajador es que la suspensión de la pensión no implica la pérdida del derecho. Si la persona acepta el puesto adaptado y la pensión se congela, esta situación es reversible. Si más adelante el contrato se rescinde por cualquier causa, el trabajador tiene la facultad de solicitar la reactivación inmediata de su pensión de incapacidad.
De esta forma, el sistema asegura que el ciudadano siempre disponga de una red de protección económica, ya sea a través de su nómina o a través de la prestación pública.
