La Audiencia Provincial de Islas Baleares ha confirmado la condena contra una empresa de carpintería por instalar mobiliario infestado de carcoma en una vivienda de Ibiza. La sentencia, dictada el 15 de septiembre, obliga a la compañía a fabricar y entregar de nuevo todo el mobiliario afectado en un plazo máximo de cuatro meses. El tribunal desestima tanto el recurso de la empresa como el presentado por la propietaria afectada, identificada en la resolución como Juliana.
Dos mesas y una veintena de encimeras
La sentencia de primera instancia, dictada el 18 de febrero de 2025 por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ibiza, ya había estimado sustancialmente la demanda. Obliga a la carpintería a sustituir dos mesas de 300 por 140 centímetros fabricadas en madera maciza de roble, además de una veintena de encimeras repartidas por seis baños, la cocina y un despacho de la vivienda. Todo el mobiliario deberá entregarse con tratamiento antiparasitario y barnizado, incluyendo el desmontaje del actual.
La empresa decía que no era consumidora
La carpintería recurrió alegando que la propietaria actuaba como autopromotora de la vivienda y no como consumidora, lo que habría sometido el caso a la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) en lugar de a la normativa de consumo. Según este argumento, la acción habría prescrito, ya que los trabajos se entregaron en noviembre de 2017 y los primeros signos de carcoma aparecieron en julio de 2019.
La Audiencia rechaza este planteamiento. Considera que la propietaria sí ostenta la condición de consumidora, al haber contratado mobiliario para su vivienda particular sin ánimo empresarial, y que la empresa tampoco puede considerarse agente de la edificación conforme a la LOE, ya que su trabajo se limitó a fabricar e instalar carpintería a medida.
¿Avisó la empresa del riesgo de plaga?
Uno de los puntos centrales del litigio era si la carpintería había advertido a la propietaria del riesgo de infestación. El tribunal concluye que no quedó probado que se hiciera esa advertencia. La arquitecta de la obra declaró que no recordaba que se hubieran realizado avisos en ese sentido, y los correos electrónicos aportados muestran que las conversaciones entre las partes trataban del acabado estético de la madera —tintes y barnices— y no de tratamientos antiparasitarios.
Un testigo, coordinador de la obra, sostuvo lo contrario, pero la Audiencia resta valor a su declaración porque no aportó ninguna acta que recogiera esa problemática pese a asegurar que tomaba nota de todas las reuniones.
El origen de la plaga, determinante
El informe pericial aportado por la propietaria resultó clave. El perito, especialista en patologías de la madera, explicó que el insecto causante, conocido como capricornio doméstico, tiene un ciclo larvario de entre cuatro y quince años. Esa circunstancia hace «prácticamente imposible» que la madera se infestara ya instalada en la vivienda, según el propio perito, que descartó esa posibilidad con un 99% de certeza. La perito judicial también situó la responsabilidad del tratamiento del lado del distribuidor de la madera.
La propietaria no se quedó de brazos cruzados
La empresa también defendía que la propietaria se mantuvo pasiva tras detectar la plaga en 2019, pese a que se le presupuestó un tratamiento específico de 3.000,80 euros que nunca llegó a aplicarse. La Audiencia desmonta este argumento con un correo electrónico de julio de 2020 en el que el marido de la propietaria reclama con urgencia una solución a la empresa, advirtiendo de que la madera se estaba estropeando «mucho» y de que recurriría a un abogado si no obtenía respuesta.
Tampoco prospera el recurso de la propietaria
Por su parte, la propietaria había impugnado parcialmente la sentencia para pedir que el coste de su informe pericial, de 1.778,70 euros, se considerara un daño indemnizable y no una simple partida de costas. La Audiencia también rechaza este argumento: entiende que ese gasto queda cubierto por el régimen de costas procesales, al margen de que el dictamen se encargara antes de iniciar el pleito.
Con la desestimación de ambos recursos, la sentencia de instancia queda confirmada en su totalidad. Cada parte deberá asumir las costas de su propio recurso de apelación y pierde el depósito consignado para recurrir, en un caso que vuelve a poner el foco en los problemas de carcoma en mobiliario de madera en viviendas de la isla.
