«Condiciones inhumanas»: Santa Eulària reclama el amparo del Defensor del Pueblo por Can Rova 2

El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo para denunciar la falta de actuación por parte de la Administración General del Estado (AGE) y de los órganos judiciales competentes frente al asentamiento ilegal de infraviviendas en la zona de Can Rova II, en el barrio de Can Negre. La petición, registrada el pasado 30 de mayo de 2025, incluye un informe detallado sobre las condiciones de vida calificadas como inhumanas, en especial para los menores que residen en el enclave.

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Menores en situación de emergencia social

Desde el inicio del asentamiento en agosto de 2024, el Consistorio ha documentado graves deficiencias en salubridad, seguridad eléctrica y vertidos, además de un alto riesgo de incendio por su cercanía a zonas forestales. Todo ello, subraya el Ayuntamiento, “no puede considerarse una forma de vida digna”, especialmente cuando hay niños expuestos a estas condiciones extremas.

El informe técnico entregado al Defensor del Pueblo señala que en la parcela ocupada se ha consolidado un núcleo ilegal de infraviviendas en suelo rústico protegido. A ello se suma la presencia de canalizaciones de agua desalada que abastecen a zonas estratégicas como hospitales y barrios residenciales.

Desalojo judicial paralizado desde abril

Pese a que el pasado 9 de abril se dictó un auto judicial autorizando el desalojo y desmontaje del poblado, la actuación fue inexplicablemente paralizada, lo que ha agravado la situación de riesgo para las personas residentes y las propiedades colindantes.

Desde el Consistorio se insiste en que la urgencia del caso ha sido reconocida por sus propios servicios jurídicos y técnicos, que advierten del peligro real y constante para las personas y bienes implicados.

Sin respuesta del Estado ni de la justicia

A pesar de los reiterados intentos por activar una respuesta coordinada entre las administraciones competentes, el Ayuntamiento denuncia que ni la delegación insular de la AGE en Ibiza y Formentera ni el órgano judicial competente han actuado con eficacia. Esta parálisis institucional ha llevado a solicitar el amparo urgente del Defensor del Pueblo, con el objetivo de proteger el interés general y los derechos fundamentales, en especial los de los menores.

Un caso que amenaza también al medio ambiente y la seguridad hídrica

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha alertado también sobre el impacto medioambiental de este asentamiento, señalando que las conexiones eléctricas ilegales, los residuos y los vertidos ponen en peligro el equilibrio ecológico de la zona.

Además, la existencia de infraestructuras de abastecimiento de agua desalada que atraviesan la parcela refuerza la necesidad de una actuación inmediata, pues cualquier incidente podría comprometer el suministro a buena parte de la isla, incluidas zonas sanitarias sensibles.