El Ministerio de Consumo ha propuesto una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por presuntas prácticas abusivas hacia los inquilinos. Según ha adelantado la organización Facua, la inmobiliaria habría incurrido en siete infracciones de la normativa de protección de los consumidores, entre ellas el cobro de comisiones ilegales, la imposición de seguros obligatorios y la limitación de derechos contractuales.
Por ahora, la propuesta no es definitiva y se encuentra en fase de valoración por parte del secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán. La resolución final se espera en los próximos meses, una vez analizadas las alegaciones presentadas por la compañía.
Desde Alquiler Seguro aseguran que cumplen la normativa “a rajatabla” y que defenderán su actuación durante el proceso.
Denuncias y origen de la investigación
La Dirección General de Consumo inició las actuaciones hace más de un año, tras detectar posibles irregularidades en diferentes agencias inmobiliarias. Estas pesquisas se abrieron a raíz de denuncias del Sindicato de Inquilinas, la OCU y Facua Consumidores en Acción.
Según Facua, que está personada en el procedimiento, el expediente contra Alquiler Seguro se basa en varias prácticas consideradas abusivas, entre ellas:
- La imposición de un servicio de atención al inquilino, que trasladaría a los arrendatarios gastos que deben ser asumidos por los propietarios.
- La obligación de contratar un seguro del hogar, pese a que esa responsabilidad recae legalmente sobre el arrendador.
- La limitación del derecho de desistimiento del contrato y la imposición de gastos judiciales o extrajudiciales a los inquilinos.
- El cobro de un estudio de solvencia económica previo a la firma del contrato.
Estas conductas, según Consumo, suponen un incumplimiento grave de la legislación vigente en materia de derechos de los consumidores y usuarios.
Las sanciones propuestas por Consumo
El Ministerio ha calificado seis infracciones como “muy graves” y una como “grave”.
Entre las sanciones más elevadas figura una multa de un millón de euros por la imposición del servicio de atención al inquilino. Según Facua, dicho servicio “no les reporta ningún beneficio y solo sirve para cargar sobre ellos una serie de gastos que debería afrontar el propietario del inmueble”.
Por obligar a los inquilinos a pagar un seguro del hogar, Consumo propone otra multa de 990.900 euros.
Además, se contemplan tres sanciones de 500.000 euros cada una por:
- Trasladar al arrendatario los gastos de posiciones deudoras o reclamaciones judiciales.
- Incluir cláusulas que permiten la autorización para su inclusión en ficheros de morosos.
- Imponer el pago de costas judiciales incluso sin condena en costas, o de devoluciones de recibos aunque no sean culpa del inquilino.
La cuantía total aumenta con otras dos sanciones: una de 100.001 euros por limitar el derecho de desistimiento y otra de 10.001 euros por imponer el pago de un estudio de solvencia económica.
El papel de Facua y las asociaciones de consumidores
Facua ha destacado que esta sanción es una de las más elevadas propuestas a una empresa inmobiliaria en España y que refleja un cambio en la política de vigilancia sobre el mercado del alquiler.
Desde la organización aseguran que la propuesta de multa demuestra “la necesidad de reforzar el control de las prácticas empresariales que perjudican a los inquilinos” y piden que las sanciones sean firmes para evitar que “las empresas reincidan en comportamientos que vulneran los derechos de los consumidores”.
La asociación recuerda además que las agencias no pueden cobrar comisiones ni gastos de gestión a los inquilinos, ya que estas deben ser asumidas por el propietario del inmueble.
Reacción de Alquiler Seguro
La compañía ha manifestado públicamente que sus prácticas cumplen la legislación “a rajatabla” y que confía en que el proceso administrativo demostrará su legalidad.
Su CEO, David Caraballo, reconoció en una rueda de prensa el pasado marzo que la empresa había recibido el expediente sancionador, aunque subrayó que debían “analizarlo detenidamente” antes de hacer valoraciones.
La firma insiste en que todas sus operaciones están diseñadas para proteger tanto a los propietarios como a los arrendatarios, y que su sistema de seguros y servicios “ha sido auditado y verificado por entidades independientes”.
Un precedente para el sector inmobiliario
De confirmarse, la sanción de 3,6 millones marcaría un precedente en el control de las agencias inmobiliarias, en un momento en que el mercado del alquiler atraviesa un debate sobre los derechos de los inquilinos y la transparencia de los contratos.
El Ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, mantiene abiertas otras investigaciones y ha recordado que su objetivo es “erradicar las prácticas abusivas que sobrecargan económicamente a los arrendatarios”.
Qué ocurrirá ahora
El procedimiento administrativo seguirá su curso y no será firme hasta que se resuelvan las alegaciones de Alquiler Seguro. Una vez el secretario general de Consumo emita su resolución, la empresa podrá recurrir la sanción ante los tribunales si lo estima oportuno.
Mientras tanto, asociaciones como Facua y la OCU insisten en que esta resolución debe servir de aviso al sector: “Las empresas que operan en el mercado del alquiler no pueden trasladar a los inquilinos los gastos que son responsabilidad del propietario”, recalcan.
