El diputado por Formentera, Llorenç Córdoba Marí, ha elevado este martes el tono en el Parlament balear para exigir al Govern de les Illes Balears una “acción real y transparente” ante los incumplimientos detectados en las concesiones de los quioscos de playa de Formentera, en el marco del concurso bajo sospecha que sigue sin resolverse más de un año después de su adjudicación.
Durante su intervención, Córdoba recordó que “hace meses que el Govern anunció la apertura de expedientes y la posible caducidad de algunas concesiones, pero la realidad es que no ha habido avances concretos”. El diputado reclamó que el Ejecutivo actúe “con la misma rapidez con la que prometió hacerlo” y advirtió de que “el tiempo juega en contra de la credibilidad institucional”.
Una nueva insumisión en el horizonte
Tal como publicó La Voz de Ibiza hace diez días, los actuales concesionarios planean mantener montadas las estructuras durante el próximo invierno, repitiendo el incumplimiento del desmontaje que ya motivó la apertura de un expediente este año. Los titulares de las concesiones —que, según fuentes consultadas, alegan que las estructuras son “no desmontables”— argumentan que retirar los quioscos durante un mes tendría un coste cercano a los 50.000 euros y requeriría tres meses de trabajo.
A pesar de que el Reglamento General de Costas y el título concesional del Ministerio para la Transición Ecológica son claros al establecer que las instalaciones deben desmontarse entre el 15 de enero y el 15 de febrero, el pasado invierno se incumplió la norma. El Consell Insular de Formentera aplicó entonces una sanción de apenas 1.500 euros, considerada “irrisoria” en comparación con los beneficios de mantener abiertos los locales.
Córdoba subrayó que, ante esta falta de eficacia, “el Govern tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de la ley y dar ejemplo con su actuación”.
La defensa del Govern
En respuesta, la presidenta del Govern, Marga Prohens, aseguró que el Ejecutivo “trabaja en la tramitación del expediente abierto por el incumplimiento del desmontaje de los quioscos” y que lo hace “de acuerdo con el procedimiento establecido”.
Prohens reconoció que “la obligación no se cumplió el pasado invierno”, pero recordó que la competencia última es del Gobierno central, que fija las condiciones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. “Este Govern actuará siempre con respeto a las competencias de cada administración y con la voluntad de garantizar la buena gestión del litoral”, insistió.
“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”
Córdoba replicó señalando la falta de avances reales desde que el conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente, anunció los expedientes a principios de año. “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, dijo, citando a Montesquieu, y anunció que solicitará por escrito el acceso a los expedientes para conocer en qué punto se encuentran.
El diputado insistió en que su iniciativa “no responde a ningún interés particular ni de grupo, sino a una cuestión de justicia y respeto a la ley”. Y añadió que Formentera solo pide el mismo rigor que cualquier otra isla: “En Formentera la ley no puede tener temporada baja, ni tampoco la transparencia”.
Un conflicto enquistado
El conflicto por los quioscos de playa de Formentera se ha convertido en uno de los casos más polémicos de la legislatura. El “mega concurso bajo sospecha”, como fue calificado por La Voz de Ibiza, acumula retrasos, denuncias y posibles irregularidades. Antiguos concesionarios han advertido de acciones legales inmediatas y Costas ha confirmado que varios chiringuitos están mal instalados, incluso en zonas inundables.
A pesar de ello, los actuales gestores continúan operando con concesiones cuestionadas, mientras el Govern mantiene un expediente sin resolver.
