Mientras los grupos políticos aguardan conocer el contenido del informe elaborado por la Comisión de Código Ético y Buen Gobierno sobre la responsabilidad de los actores en la crisis institucional de la isla producto de la ausencia de una Junta de Gobierno, el presidente del Consell Insular de Formentera, Llorenç Córdoba, ha recusado a dos de sus cinco miembros.
Además, pide que se deje sin efecto el informe que obra en manos del secretario Angel Custodio Navarro, que se reemplacen a los integrantes recusados y que se elabore un nuevo análisis “que no genere dudas de imparcialidad y neutralidad”, plantea.
Córdoba le ha apuntado al notario Javier González Granado y la letrada del Consell, Lidia Serrano, quienes –según el presidente del Consell- han expuesto animadversión contra él.
El primero de ellos ha realizado declaraciones públicas pidiendo la dimisión de Córdoba, mientras que Serrano ha pedido ser trasladada del departamento de Litoral ya que “el presidente no respetaba el trabajo del personal”.
Los argumentos de Córdoba
En el escrito de recusación, Córdoba ha manifestado que el informe se ha hecho con el objetivo de “desacreditar al presidente del Consell Insular” y que se expone “una intencionalidad de menoscabar a la Presidencia del Consell Insular, generándole una absoluta indefensión”.
Para Córdoba, ese es el motivo por el que “esta comisión se ha apurado para emitir el informe sin ni siquiera contestar a mi solicitud de comparecencia”, según ha detallado el Periódico de Ibiza.
Además, asegura que “el informe de la Comisión Ética ya estaba elaborado mucho antes de que se constituyera” la comisión.
Córdoba pide la remoción de los dos integrantes a partir de lo que establece el reglamento del Código Ético y de Buen Gobierno del Consell de Formentera: “En aquellos supuestos en que las personas que integran la comisión estuvieran inmersas en alguna de las causas previstas en este código, serán sustituidos por la persona designada por la presidencia de la comisión”.
Para el presidente insular, “las manifestaciones del señor González Granado en prensa pidiendo la dimisión del presidente y el escrito suscrito por la señora Serrano, es evidente y notorio que ambos miembros de la Comisión de Ética no han actuado de acuerdo con los principios de imparcialidad y desinterés subjetivo y lealtad institucional”.
“Tampoco han actuado conforme a las reglas de conducta generales de ejemplaridad, basadas en la observancia de una conducta que evite cualquier acción u omisión que pueda perjudicar la imagen institucional del Consell y minar la confianza de la ciudadanía en el mismo (apartado 1 del artículo quinto del Código Ético)”, plantea el escrito publicado esta mañana por Periódico de Ibiza.
En tanto, Córdoba ha manifestado que se suspenda el proceso de entrega del informe que se encuentra en manos del secretario de la institución “como consecuencia de que la eficacia inmediata del acto viciado y nulo de pleno derecho puede causar perjuicios de imposible o difícil reparación al presidente”.
