La nueva ofensiva judicial contra presuntas irregularidades en la contratación pública ha destapado un entramado que alcanza a perfiles clave del ecosistema político y empresarial vinculado a la SEPI.
La operación, ejecutada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y dirigida por la Audiencia Nacional, deja tres nombres en el centro del escándalo: Leire Díez, Vicente Fernández Guerrero y Antxon Alonso Egurrola.
Sus detenciones, aunque responden a líneas de investigación diferentes, convergen ahora en un punto común que pone bajo la lupa la relación entre poder público, influencia política y adjudicaciones millonarias.
Leire Díez: la ‘fontanera’ del PSOE y el epicentro de las sospechas
La caída más llamativa es la de Leire Díez Castro, histórica militante socialista y pieza clave en la estructura interna del partido. Conocida como la fontanera de Ferraz por su papel en la gestión de crisis y en la coordinación orgánica del PSOE, Díez ha pasado de actuar entre bambalinas a ocupar el centro de una investigación por cohecho, tráfico de influencias y presunta interferencia en procesos judiciales.
Su detención responde a un operativo ordenado por el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, aunque las diligencias que motivaron el arresto se enmarcan en otra causa más amplia dirigida por la Audiencia Nacional relacionada con contratos adjudicados desde entidades dependientes de la SEPI.
Díez, que desarrolló parte de su trayectoria en empresas públicas como Enusa y Correos, está también bajo escrutinio por su papel en adjudicaciones a Sortis Telecomunicaciones. La empresa, vinculada al caso Koldo, obtuvo contratos por millones de euros durante la pandemia, y los investigadores analizan si se pagaron comisiones y si hubo utilización de influencias políticas para favorecerla.
Todo ello se suma al contenido de una grabación incorporada al sumario, donde la propia Díez se presenta ante el fiscal Ignacio Stampa como “mano derecha” de Santos Cerdán, quien era su principal referente dentro del aparato socialista.
Vicente Fernández: del núcleo de confianza de Montero a investigado por contratos bajo sospecha
Otro de los detenidos es Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI en Andalucía y funcionario de largo recorrido en la Junta. Su arresto amplía el alcance del caso, ya que Fernández formó parte del círculo de máxima confianza de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ejerciendo durante años como asesor jurídico y posteriormente como interventor general del ejecutivo andaluz.
Las pesquisas lo sitúan en el foco por su relación con Servinabar 2000, empresa vinculada también al caso Koldo y a la influencia del dirigente socialista Santos Cerdán. Fernández habría trabajado para esta firma durante un año y medio, percibiendo retribuciones que superaban los 100.000 euros anuales, en una etapa en la que la empresa acumuló adjudicaciones en Navarra pese a su escasa actividad real.
Aunque recientemente fue absuelto en el caso Aznalcóllar, su detención en esta nueva operación señala que la sombra de las irregularidades en la contratación pública sigue proyectándose sobre su trayectoria.
Antxon Alonso: empresario clave y nexo político en varias tramas
El tercer detenido es Antxon Alonso Egurrola, empresario con presencia en más de una decena de sociedades y protagonista habitual de las investigaciones sobre adjudicaciones irregulares en Navarra. Su nombre ya aparecía en el llamado caso Cerdán, por su vínculo societario con Servinabar y su participación en contratos públicos que ahora se cuestionan.
La Audiencia Nacional analiza si Alonso habría actuado como gestor en una red de comisiones ilícitas, utilizando empresas como Servinabar 2000 y Alegure SL para obtener contratos en UTE con grandes constructoras. En varios de esos acuerdos, las sociedades carecían de actividad suficiente para justificar su papel en las adjudicaciones.
Su perfil combina negocios en sectores tan diversos como minería, inmobiliaria, vending o energía, además de conexiones políticas transversales. Alonso actuó como mediador entre figuras del PSOE, del nacionalismo vasco y de EH Bildu, un rol que alimenta todavía más las dudas sobre la finalidad de esas alianzas.
Antes de su arresto, ya estaba sometido a medidas cautelares en el caso Cerdán, incluida la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer dos veces al mes ante el juzgado.
Una trama que crece y se extiende
Las detenciones de Díez, Fernández y Alonso revelan un entramado de relaciones personales, adjudicaciones públicas y presuntas influencias políticas que afecta a varios niveles institucionales. Aunque las causas avanzan bajo secreto de sumario, la coincidencia temporal de los arrestos y la participación de la SEPI en el origen de muchos contratos sitúan al organismo en el centro del mayor terremoto judicial que enfrenta el entorno del Gobierno en los últimos años.
La Audiencia Nacional continúa analizando documentación y contratos, y no se descarta que haya más detenidos o que ambas investigaciones (hasta ahora separadas) terminen confluyendo en un macroproceso por corrupción.
