El alquiler turístico ilegal sigue siendo uno de los problemas más graves en Ibiza, y ahora, el Gobierno central ha puesto cifras concretas sobre la mesa. Según un informe del Ministerio de Consumo, más de 1.500 pisos en la isla están siendo alquilados sin licencia a través de plataformas digitales, representando más de la mitad de los 2.512 pisos turísticos detectados en Ibiza.
Estos datos forman parte de una investigación a nivel balear, en la que se han identificado 7.000 pisos ilegales en todo el archipiélago. Sin embargo, el caso de Ibiza resulta especialmente preocupante, ya que la proliferación de estos alquileres ha generado un impacto directo en la escasez de vivienda para residentes y ha disparado los precios del alquiler a niveles insostenibles.
Un golpe contra la vivienda residencial en Ibiza
El Consell Insular de Ibiza ha calificado este informe como una confirmación del problema que sufre la isla, donde la falta de control sobre el alquiler turístico ha permitido que muchas viviendas sean utilizadas como negocios clandestinos, en lugar de destinarse a alquileres de larga duración para residentes.
El presidente insular, Vicent Marí, ha señalado que esta información servirá para reforzar el plan de choque contra el alquiler ilegal, que ya está en marcha en colaboración con los ayuntamientos y el Gobierno central.
«El apoyo del Ministerio de Consumo nos permitirá intensificar la vigilancia y aplicar medidas más contundentes contra los anuncios fraudulentos en las plataformas digitales, que tanto daño están haciendo a la vivienda en Ibiza», ha asegurado Marí.
¿Qué medidas se están tomando para frenar el alquiler ilegal?
El Consell de Ibiza ha puesto en marcha un plan de acción que incluye sanciones a los propietarios que alquilen sin licencia, inspecciones más rigurosas y un seguimiento exhaustivo de las plataformas digitales para evitar que sigan promocionando pisos sin regulación.
Además, se ha solicitado la implicación de otras administraciones, como el Govern balear y el Gobierno central, para ampliar los recursos destinados a la lucha contra el alquiler ilegal, una práctica que sigue en aumento a pesar de los intentos de regulación.
Mientras tanto, los residentes de Ibiza siguen sufriendo las consecuencias: precios de alquiler desorbitados, escasez de viviendas y un mercado cada vez más inaccesible para quienes necesitan una casa en la isla.
