El Gobierno ha fijado en cuatro años el plazo máximo para que estén listas las residencias destinadas a policías nacionales y guardias civiles en Ibiza y Santa Eulària, respectivamente. Ambas infraestructuras han sido consideradas por el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, “urgentes” en una entrevista difundida por Europa Press para mejorar la estabilidad y fidelización de los efectivos en el archipiélago.
Los proyectos forman parte del Plan de Infraestructuras de la Secretaría de Estado de Seguridad, que incluye una residencia junto a la Comisaría de la Policía Nacional en Ibiza en un solar propiedad del Estado y viviendas para la Guardia Civil en Santa Gertrudis, sobre un solar cedido por el Ayuntamiento de Santa Eulària.
En el caso de Ibiza, se ha anunciado una residencia logística para policías. Este no es un término formal recogido en la ley. En la práctica hace referencia a un complejo habitacional de uso interno destinado a alojar de forma temporal o permanente a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad destinados en una zona.
A la espera de conocer el proyecto, la instalación puede incluir apartamentos o habitaciones individuales y zonas comunes al mismo tiempo que ofrecer apoyo logístico facilitando disponer de instalaciones anexas para uso interno (comedor, lavandería, zonas de formación, garajes para vehículos oficiales, almacenes de material).
En el caso de Santa Eulària y también a la espera de conocer el proyecto, el solar estaría destinado a la construcción de una casa cuartel en Santa Gertrudis.
Pendientes del presupuesto
Ambas infraestructuras dependen, en cualquier caso, de que el Gobierno sea capaz de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2026, una vez descartada la posibilidad de aprobar unos para 2025. Es la misma situación en la que se encuentra el aumento del plus de insularidad para los funcionarios del Estado.
Plus de insularidad y plantilla en aumento
Rodríguez ha recordado que, tras el incremento del plus de insularidad para los funcionarios autonómicos, el Ejecutivo central trabaja para actualizar la indemnización por residencia de la Administración General del Estado. Aunque aún no hay un acuerdo cerrado, ha afirmado que las negociaciones para incluirlo en el presupuesto de 2026 avanzan “en un sentido positivo”.
En cuanto a personal, ha rechazado las denuncias sindicales sobre falta de efectivos. “Es falso que estemos perdiendo agentes. Estamos recuperándolos y ganando año a año”, ha asegurado, citando la incorporación de 79 nuevos policías nacionales —un aumento del 4%— y un refuerzo previsto en la Guardia Civil para septiembre.
Vivienda y consenso político
El delegado ha aprovechado para criticar la negativa de la presidenta autonómica, Marga Prohens, a aplicar la ley estatal de vivienda para limitar alquileres, medida que sí adoptan otros territorios gobernados por el PP, como A Coruña. Ha pedido un consenso político para “posibilitar vivienda a quien la necesita” y evitar que se convierta en “un negocio para promotores”.
