El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha defendido este miércoles la declaración de zonas de mercado residencial tensionado como una “herramienta eficaz” para frenar la escalada de precios del alquiler y facilitar el acceso a viviendas dignas. Durante su intervención en la inauguración del Congreso Internacional ‘House Action. Ciudades resilientes ante mercados residenciales tensionados’, celebrado en San Sebastián, Lucas ha calificado de “ilógico” que algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP rechacen aplicar estas medidas, “cuando benefician a la población en general con viviendas adecuadas y a precios razonables”.
El secretario de Estado ha recalcado que la declaración de zonas tensionadas “no se limita al control de rentas”, sino que obliga a todas las administraciones implicadas a diseñar planes para aumentar la oferta de viviendas, facilitar alquileres asequibles y reforzar la coordinación institucional. “La vivienda es un derecho, y sin un techo digno el Estado del bienestar queda incompleto”, ha advertido.
La Ley de Vivienda como marco común
Lucas ha recordado que el Gobierno está abordando el problema mediante nuevos marcos legislativos, como la Ley de Vivienda o la Ley de Calidad de la Arquitectura, con los que pretende garantizar el derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución respetando las competencias autonómicas y municipales. Estas normas, junto con las políticas de rehabilitación y los acuerdos con comunidades y ayuntamientos, forman parte de la estrategia estatal para reforzar la oferta residencial.
El secretario de Estado ha destacado asimismo el incremento presupuestario contemplado en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que pasa de 1.700 millones a 7.000 millones de euros, destinados a aumentar la oferta de vivienda, impulsar rehabilitaciones y dar respuesta a colectivos con dificultades, especialmente jóvenes y familias vulnerables.
Más vivienda pública, colaboración privado-pública y control del alquiler turístico
Lucas ha remarcado la importancia de modernizar los procesos constructivos y ha citado el Perte de la industrialización de la construcción y la futura Empresa Pública de Vivienda del Estado, que ya gestiona 40.000 viviendas procedentes de la Sareb y más de 2.500 suelos.
El secretario de Estado ha alertado también de la necesidad de evitar la fuga de viviendas al mercado turístico o al alquiler de temporada, utilizado en ocasiones como “subterfugio fraudulento” para esquivar los contratos de alquiler residencial permanente. “Estamos promoviendo más vivienda, pero no podemos permitir que el esfuerzo se vea neutralizado porque las viviendas se desvíen al uso turístico”, ha insistido.
Los efectos del control de precios: el ejemplo de Barcelona
Sobre las zonas tensionadas, Lucas ha defendido su eficacia y ha negado que el control de precios haya reducido la oferta de viviendas en alquiler. Como ejemplo, ha citado el caso de Barcelona, donde tras un año de aplicación “los precios han bajado, la oferta no se ha reducido y los contratos se han estabilizado”.
El Ministerio trabaja actualmente con las diputaciones forales de Araba y Bizkaia, después de la adaptación realizada por la Diputación de Gipuzkoa, cuyos resultados Lucas ha calificado de “excelentes”.
Críticas a comunidades que rechazan aplicar la medida
El secretario de Estado ha lamentado la falta de voluntad política en algunas comunidades autónomas para adoptar estas herramientas, pese a que “beneficiarían a miles de arrendatarios y arrendadores”. Ha agradecido, en cambio, el impulso de gobiernos autonómicos y ayuntamientos que sí han decidido avanzar en esta línea, mencionando especialmente al de A Coruña, el primero en aplicar zonas tensionadas en una comunidad gobernada por el PP.
En cambio, ha criticado la posición de la Comunidad de Madrid, donde los precios han subido más que en cualquier otro territorio: “Lejos de hacer nada para corregir la situación, las políticas van en sentido contrario”.
