La justicia española ha iniciado un proceso de investigación para esclarecer la veracidad de unas recientes denuncias presentadas contra Julio Iglesias. El caso surge tras los testimonios de dos antiguas empleadas, quienes han puesto en conocimiento de las autoridades presuntos episodios de agresión sexual y acoso que habrían ocurrido en 2021.
Ante la gravedad de los hechos relatados, la Fiscalía busca determinar si existen indicios suficientes para proceder legalmente, mientras el entorno del artista mantiene, por ahora, un absoluto hermetismo sobre estas acusaciones.
Qué dicen los testimonios de las empleadas de Julio Iglesias
Los testimonios presentados por una fisioterapeuta y una empleada del hogar dibujan un escenario de abusos que trascienden lo estrictamente laboral. Las denunciantes describen una atmósfera de sometimiento donde, presuntamente, eran obligadas a realizarse chequeos médicos constantes, incluyendo pruebas ginecológicas y de enfermedades de transmisión sexual, bajo una vigilancia rigurosa.
Una de las afectadas ha llegado a describir la finca de Punta Cana como un lugar de pesadilla, donde el trato denigrante y la falta de libertad eran la norma para el personal femenino.
La información sobre las pruebas presentadas
La seriedad de estas acusaciones se sustenta en un compendio de evidencias que ya están en manos de las autoridades. El material aportado incluye desde registros fotográficos y grabaciones de audio hasta mensajes de mensajería instantánea y documentos migratorios que confirman la presencia de las mujeres en las propiedades mencionadas.
Además, la investigación cuenta con el respaldo de informes médicos y declaraciones de profesionales de la salud que asistieron a las víctimas tras los episodios de violencia física y sexual relatados.
La respuesta institucional
A pesar de los intentos de diversos medios por obtener una versión del cantante o de sus representantes legales, el silencio sigue siendo la respuesta oficial desde el entorno de Iglesias.
Mientras tanto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido actuar de oficio iniciando diligencias que, por el momento, permanecen bajo secreto de sumario.
Este paso judicial busca esclarecer la veracidad de los hechos denunciados el pasado mes de enero, evaluando el alcance de los delitos que podrían imputarse al intérprete.
Las reacciones tras el escándalo
Por un lado, representantes del Gobierno central han manifestado su compromiso con la protección de las víctimas, subrayando que la relevancia pública de un individuo no debe ser escudo para la impunidad. En contraste, algunos líderes regionales han optado por una postura de máxima prudencia, apelando al respeto por la presunción de inocencia y evitando sumarse a lo que consideran un posible desprestigio preventivo de una figura que representa un baluarte cultural para el país.
