Una presunta estafa inmobiliaria en Ibiza ha salpicado la compraventa de varios adosados en la zona de Punta Pedrera, donde distintas familias denuncian que, tras entregar importantes cantidades de dinero, no han podido escriturar las viviendas ni acceder a ellas. Los afectados sostienen que la operación habría estado vinculada a una promotora que no cumplió con lo pactado.
Según adelantó IB3, varios compradores afirman haber abonado anticipos para inmuebles que nunca llegaron a formalizarse. El medio público autonómico detalla que los afectados han iniciado acciones legales al considerar que se encuentran ante un engaño que compromete sus ahorros de toda la vida.
Denuncias
La inmobiliaria Solvia, a la cual se dirigen las denuncias de al menos cuatro personas, está vinculada al banco Sabadell. Los demandantes aseguran que la entidad facilitó el proceso de compraventa, lo que a su juicio refuerza la responsabilidad en el presunto fraude.
Por ejemplo, Carmen y Josep son un matrimonio que soñaba pasar su jubilación en la isla, tras haber entregado 150.000 euros en plena pandemia como anticipo. La pareja pensó que era una oportunidad razonable: las viviendas estaban a medio acabar, habían sido ocupadas y necesitaban reformas. Confiaron porque la operación contaba con la intermediación de Solvia, que además de estar vinculada al Sabadell, comercializaba la promoción de Promontoria Coliseum. “Éramos conscientes de que habría que invertir quizá otros 50.000 euros en arreglos, pero en ese momento nos reclamaban 250.000”, ha relatado ella a IB3.
El caso se suma a otros episodios recientes relacionados con el auge del mercado inmobiliario en la isla, donde la presión turística y la especulación han generado un contexto de especial vulnerabilidad para los compradores. La zona de Punta Pedrera, en Sant Antoni, se ha convertido en uno de los puntos de mayor tensión por la falta de vivienda asequible.
Por ahora, la denuncia se encuentra en sede judicial y serán los tribunales quienes determinen si existió un delito de estafa en la operación. Mientras tanto, los afectados insisten en reclamar justicia y advierten de que su situación económica es cada vez más complicada tras haber perdido el acceso a sus viviendas.
