Las playas de Formentera vuelven al centro del debate turístico tras la difusión de una investigación de Ràdio Illa que revela prácticas irregulares en el servicio de alquiler de tumbonas y sombrillas en al menos tres de las zonas más frecuentadas de la isla: Cala Saona, Es Pujols y Es Arenals.
Según esta denuncia periodística, varios concesionarios están ofertando reservas anticipadas de hamacas con días de antelación, incluso previo pago de 10 euros, además de condicionar el uso del equipamiento playero a una consumición mínima de 70 euros en establecimientos cercanos. Una práctica expresamente prohibida por el pliego técnico que regula la explotación del dominio público en la franja marítimo-terrestre.
Pero las irregularidades no acaban ahí. También se han documentado servicios de bar in situ, con camareros que atienden a los bañistas directamente en sus hamacas, vulnerando el apartado 7.19 del pliego, que prohíbe la venta y servicio de bebidas en los espacios ocupados por tumbonas y sombrillas. A todo ello se suma una alteración del mobiliario: el pliego exige que las sombrillas tengan un diámetro máximo de 2 metros y que las hamacas midan 80 centímetros de ancho, pero en algunos casos estas últimas llegan hasta el metro, reduciendo el espacio libre en la playa.
Desde la emisora pública de la isla aseguran haber comprobado estas prácticas en tres de los siete lotes inspeccionados, lo que podría indicar un fenómeno más extendido.
El Consell no registra denuncias pero promete inspecciones
El Consell de Formentera ha confirmado que, por el momento, no ha recibido ninguna denuncia formal sobre estas presuntas irregularidades. No obstante, la institución ha afirmado que mantiene una rutina de inspecciones sobre este tipo de servicios, aunque no ha detallado ni la frecuencia ni los resultados de dichos controles.
El caso pone en evidencia la falta de mecanismos de control más visibles y cuestiona la efectividad de las inspecciones actuales. También subraya el papel del periodismo local, ya que ha sido una emisora municipal la que ha sacado a la luz unas prácticas que afectan directamente al uso del espacio público, a la transparencia en la gestión de concesiones y al modelo turístico de la isla.
