La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha denunciado que los agentes destinados en las Islas Baleares llevan más de dos años sin someterse a reconocimientos médicos, a pesar de que estos controles están recogidos como obligatorios en la legislación de prevención de riesgos laborales y en el contrato público firmado por la propia Dirección General de la Guardia Civil.
Según la asociación, la situación supone “un nuevo atropello” hacia los agentes destinados en el archipiélago, que ya arrastran –como recuerdan– problemas de falta de personal, carencia de medios, dificultades de vivienda y una insularidad mal compensada.
Un servicio sanitario paralizado desde 2023
La AEGC explica que, tras años de reclamaciones, en 2020 se licitó por primera vez un contrato público para que una empresa externa realizara un reconocimiento médico anual a todos los guardias civiles en plantilla. Durante los primeros años el servicio llegó a prestarse con normalidad, pero en 2023 se paralizó en Menorca, Ibiza y Formentera, incumpliéndose así lo establecido en el contrato.
Desde entonces, denuncia la asociación, no consta que la empresa adjudicataria haya sido sancionada ni que se hayan puesto en marcha soluciones alternativas para garantizar la vigilancia de la salud de los agentes.
En una reciente consulta de la AEGC ante el Consejo de la Guardia Civil, la organización fue informada de que la empresa adjudicataria está “en fase de búsqueda de profesionales sanitarios” para retomar las revisiones médicas. “Es curioso que desde 2023 no se hayan encontrado profesionales sanitarios, porque haberlos haylos”, critica la asociación.
Una obligación legal y un derecho laboral
La AEGC recuerda que la ley de prevención de riesgos laborales obliga a las empresas y administraciones públicas a realizar una vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores. En el caso de la Guardia Civil, añade, resulta aún más necesario por la naturaleza del trabajo que desempeñan sus agentes, sometidos a estrés, turnos prolongados y situaciones de riesgo.
«No solo se trata de una obligación legal, sino de un derecho laboral y de una cuestión de salud pública interna», señala la delegación balear de la asociación. La detección temprana de enfermedades, subrayan, es clave tanto si están vinculadas al puesto de trabajo como si no.
Exigen medidas urgentes
La AEGC exige a la Dirección General de la Guardia Civil que adopte medidas inmediatas: «Si la empresa adjudicataria no es capaz de cumplir sus compromisos, debe buscarse una alternativa que garantice los reconocimientos médicos anuales a todos los guardias civiles del archipiélago», denuncian.
La asociación advierte además de que continuará con las movilizaciones y reclamaciones públicas hasta que se restablezca el servicio médico que, insisten, “no es un privilegio, sino un derecho básico” para los agentes que sirven en Baleares.
