La Agrupación de Electores de Sant Joan ha valorado positivamente el fin de la huelga de recogida de basura, pero ha expresado su profunda preocupación por las consecuencias del acuerdo alcanzado, que consideran injusto para los ciudadanos.
Según la agrupación, el incremento de la tasa de basura será de un 50%, sumando un 21% adicional de subida salarial de los trabajadores al 28% ya aplicado por la nueva contrata.
Durante los días de huelga, la ausencia de servicios mínimos y la acumulación de residuos han provocado malos olores, perjudicando a negocios y comercios, y ofreciendo una imagen lamentable para los turistas.
«¿Se les va a descontar a los ciudadanos parte de la tasa por los días que se han quedado sin este servicio? ¿Se compensará por las pérdidas a los negocios?», cuestionan desde la Agrupación de Electores.
En este contexto, critican la gestión de la alcaldesa Tania Marí, recordando que hace apenas un año se aprobó un contrato con Herbusa que incrementó el importe de la tasa de basuras en un 28%, vendiéndolo como un gran avance.
Sin embargo, consideran una «tomadura de pelo» que ahora se añada un 21% más debido a la subida salarial exigida por los trabajadores y asumida por el ayuntamiento.
Santi Marí, portavoz de la agrupación, ha lamentado que no se llegara a este acuerdo desde el principio para evitar la huelga y ha acusado al ayuntamiento de planificar un acuerdo con la empresa que deja a los ciudadanos como los únicos perjudicados.
«Da la impresión de que se ha pactado un plan entre la empresa y el ayuntamiento para luego aparecer como salvadores», ha añadido.
Además, la agrupación critica la reducción de puntos de recogida de residuos, la mala calidad del pavimento en los nuevos puntos, y las bocas de los contenedores que dificultan el depósito de bolsas pequeñas.
También denuncian que las cámaras de vigilancia en los puntos de recogida no funcionan, que la «deixalleria» de Sant Joan aún no está en funcionamiento, y que la limpieza con agua a presión de los contenedores brilla por su ausencia.
«De nuevo, se trata de una mala planificación e ineficacia en la gestión y control de este contrato por parte del equipo de gobierno de Tania Marí y de su concejal de medio ambiente, Andreu Roig, que no han cumplido adecuadamente con sus responsabilidades», ha sentenciado Santi Marí.
