En medio de las críticas por las largas listas de espera para pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), el Consell Insular de Ibiza mantiene abierta una consulta pública previa para elaborar un nuevo reglamento que regule este servicio en la isla. El proceso, que se abrió el 18 de agosto, finaliza el lunes 8 de septiembre, por lo que apenas quedan unos días para que ciudadanos y organizaciones presenten sus aportaciones.
La situación se ve agravada por la falta de mecánicos en las estaciones de ITV, reconocida por la propia institución. El pasado 8 de julio de 2025 se publicó la lista final de admitidos y excluidos en el concurso-oposición convocado para cubrir cinco plazas. «Solo tres personas se presentaron y únicamente una fue admitida», indicaron desde el Consell. Las otras quedaron fuera por no acreditar la titulación exigida o el conocimiento del catalán. La prueba teórica eliminatoria para este único candidato se celebrará el 15 de septiembre en la Escuela de Turismo de Ibiza.
Una normativa con giro en la gestión
La nueva norma supondrá un cambio estructural en el modelo, ya que permitirá la incorporación de operadores privados a la prestación del servicio, manteniendo la red pública actual.
Ibiza será así el primer Consell de Baleares en abrir la puerta a un sistema mixto, con el que se espera reducir los retrasos crónicos en las revisiones técnicas.
Malestar ciudadano
Las quejas no cesan. La asociación de vecinos de Es Pratet denuncia que conseguir cita en la ITV implica una espera de hasta cinco meses, lo que deja a muchos conductores circulando con la inspección caducada.
El problema tiene efectos concretos en la vida diaria: para participar en el sorteo de 120 plazas de aparcamiento que la entidad organiza cada dos años es obligatorio tener la ITV en vigor, un requisito que muchos vecinos no pueden cumplir debido a la falta de citas.
Más medidas en marcha
En paralelo, el Consell trabaja en la licitación de una segunda ITV móvil para reforzar la atención mientras se resuelve el déficit de personal. Desde la institución defienden que estas medidas buscan dar una respuesta estructural a una demanda histórica de la ciudadanía.
