El futuro del esqueleto de hormigón que se alza en la playa de Cala de Bou desde hace casi dos décadas, conocido como el “hotel inacabado” de Punta Xinxó, se juega en los tribunales.
Por un lado, el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza ha incoado un procedimiento penal tras la denuncia presentada por Cala Xinxó SL por la ocupación del solar.
Por otro, la empresa ha impugnado ante el Ayuntamiento de Sant Josep la declaración de caducidad de la antigua licencia de obras 431/06, que fue acordada el pasado 16 de mayo por la Junta de Gobierno local y anticipa más acciones en los próximos días.
La propiedad insiste en que el proyecto sigue vivo. A través de un extenso recurso de reposición, defiende que no hubo abandono de las obras, que las demoras han estado motivadas por “causas de fuerza mayor” y que la voluntad de finalizar el complejo hotelero ha estado presente en todo momento, pero se ha visto bloqueada por la actuación administrativa y la falta de financiación tras la retirada del Banco Popular y de posteriores inversores como HI Partners.
La promotora responsabiliza al propio Ayuntamiento, señalando de manera expresa que las declaraciones institucionales realizadas durante los mandatos de Josep Marí Ribas ‘Agustinet’ (2018) y Ángel Luis Guerrero (2021), ambos del PSOE, generaron un “clima de desconfianza e incertidumbre” hacia el proyecto, dificultando la obtención de la necesaria financiación y frustrando acuerdos con inversores.
Asimismo, a la actual administración, presidida por Vicent Roig (PP) desde 2023, le achacan la declaración de caducidad de la licencia, que es objeto del actual litigio.
Nueva ofensiva judicial: el contencioso-administrativo, inminente
Como novedad, Cala Xinxó SL ha anunciado que, tras presentar el recurso de reposición el 18 de junio, prevé interponer un contencioso-administrativo antes del 18 de julio, al considerar que la resolución del Ayuntamiento “no se ajusta a derecho”.
La promotora mantiene así abierta la batalla legal para intentar recuperar la vigencia de la licencia de obras y desbloquear el proyecto.
La propiedad impugna la caducidad de la licencia
En el recurso de reposición contra el acuerdo municipal que declaró caducada la licencia de obras otorgada en 2006, la empresa sostiene que no se ha producido ninguna “voluntad de abandono” por su parte y denuncia que han sido las trabas administrativas las que han impedido el avance del proyecto.
Entre los elementos que motivaron la paralización, la promotora enumera el incumplimiento del compromiso de financiación asumido en su día por el Banco Popular, lo que derivó en un largo litigio que concluyó en 2015 con una sentencia del Tribunal Supremo desfavorable a la empresa.
Desde entonces, aseguran, han mantenido la voluntad de reactivar el proyecto, pero el Ayuntamiento ha sido incapaz de dar respuesta a peticiones clave como la aprobación definitiva del Estudio de Detalle, la solicitud de parcelación de la unidad de actuación, la modificación del proyecto inicial o la inscripción de la parcela neta en el registro.
En el recurso, afirman que “existen multitud de peticiones formuladas […] a lo largo de diversos años” con el propósito de completar el desarrollo urbanístico de la zona y facilitar la refinanciación de la deuda hipotecaria, pero todas quedaron sin respuesta.
A juicio de la promotora, esta inacción municipal ha provocado un bloqueo institucional que se ha traducido en inseguridad jurídica para potenciales inversores. Lo explican así: “Cualquier incumplimiento, en este caso, es únicamente imputable a ese Ayuntamiento quien, con su renuencia a dictar resolución, ha impedido de manera activa que cualquier potencial inversor pueda culminar el proceso de financiación por falta de la suficiente seguridad jurídica”.
El procedimiento penal por okupación
Asimismo, en paralelo, el 28 de mayo de 2025, el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza dictó un auto de incoación en el que ordena abrir un juicio por delito leve de usurpación en relación con la ocupación del solar donde se asienta el edificio inacabado.
El procedimiento se inició tras una denuncia presentada por el Ministerio Fiscal y la propia Cala Xinxó SL contra un grupo de personas identificadas por la Guardia Civil, entre ellas Lucas P., Hammadi B., Mohamed B., Ahmed S., Mostafa B., Diop B. y Gueye F. Según el auto judicial, los hechos descritos en el atestado policial “revisten ‘prima facie’ los caracteres de delito leve de usurpación”.
En consecuencia, el juez Rubén Ortega Cotarelo acordó la celebración del juicio para el próximo 16 de julio a las 10:20 horas. En la misma resolución se requiere a la Guardia Civil de Santa Eulària que identifique a los ocupantes y facilite su localización para citarlos formalmente. Además, se les notifica que deberán comparecer con letrado propio o, en su defecto, se les designará uno de oficio.
El caso HI Partners y la pérdida de inversores
Respecto a los argumentos contra el Ayuntamiento, uno de los momentos que la propiedad considera más determinantes fue la retirada del fondo HI Partners. Según exponen, en julio de 2018 esta firma había expresado su interés formal en el proyecto, pero la situación cambió tras una reunión con el entonces alcalde.
La empresa sostiene que, a los pocos días, se publicaron declaraciones del propio primer edil en medios de comunicación que generaron “descrédito reputacional financiero y social”, y que derivaron en el abandono del proyecto por parte del fondo el 26 de noviembre de ese año.
En su recurso, aseguran que “el desistimiento de HIP se extendió a otros grandes inversores y produjo efectos demoledores para la viabilidad del proyecto”. La promotora considera que el Ayuntamiento no solo se mostró pasivo, sino que incluso contribuyó activamente al deterioro de su imagen pública y financiera.
Críticas a la actuación municipal
En el mismo escrito, Cala Xinxó SL hace un extenso repaso de las solicitudes administrativas no respondidas. Entre ellas, la empresa menciona la falta de resolución sobre la modificación de la licencia, la reiterada solicitud de parcelación urbanística y la imposibilidad de inscribir la parcela neta, lo que imposibilita la financiación vía hipotecaria.
Además, denuncian que los responsables municipales llegaron a dar por cierta, sin prueba alguna, una supuesta adquisición del solar por parte de otra empresa, Welcome MAD SL. Esta interpretación, explican, ha creado un grave problema jurídico. “Actuaciones de relevancia con las que nadie puede llevarse a engaño: se ha impedido la continuación de las obras”, concluyen.
La promotora considera que la actuación del Ayuntamiento no se ajusta a los principios que rigen la administración pública. En sus palabras: “Se ha vulnerado el artículo 103.1 de la Constitución, que exige a las Administraciones Públicas actuar con objetividad y eficacia”.
Posible responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento
Al cierre del recurso, Cala Xinxó SL deja abierta la posibilidad de emprender acciones legales para exigir responsabilidades económicas. Así lo expresa la “reclamación de responsabilidad que, entre otras acciones, esta parte se reserva el derecho a presentar […] como consecuencia de la improcedente declaración de caducidad de la licencia de obras 431/06”.
Con este nuevo frente judicial, la empresa busca recuperar la iniciativa sobre un proyecto que, según insisten, sigue siendo económicamente viable y que podría completarse si se les otorgan las garantías administrativas necesarias. Lo resume con esta afirmación: “Dificulta y obstaculiza las acciones encaminadas a la terminación del proyecto”.
Más argumentos
En su recurso, la empresa añade que, a fecha de la última certificación, la obra estaba ejecutada en un 23%, incluyendo la estructura, los cierres de plantas bajas y parte de la urbanización, además de contar con materiales y suministros almacenados en el solar y facturas que lo acreditan.
Cala Xinxó SL subraya que ha abonado todos los costes y tasas municipales asociados al proyecto, que la urbanización de la zona fue recepcionada parcialmente y que el solar mantiene la condición de suelo urbano consolidado.
También asegura que ha facilitado el acceso a los técnicos municipales siempre que se ha requerido, que ha solicitado sin respuesta la devolución de avales depositados para la urbanización, y que la falta de inscripción de la parcela neta en el Registro de la Propiedad obedece a la ausencia de respuesta del Ayuntamiento y no a una inacción de la promotora.
Además, la empresa destaca la existencia de certificados técnicos y de dirección de obra que avalan tanto el avance como la regularidad de los trabajos realizados.
Una estructura en el limbo
La historia del hotel inacabado de Cala Xinxó sigue sumando capítulos judiciales. La propiedad insiste en que todavía hay interés inversor y viabilidad técnica, pero exige al Ayuntamiento que desbloquee los expedientes pendientes.
Mientras tanto, el solar continúa ocupado —según denuncian— y a la espera del juicio penal por usurpación previsto para mediados de julio. Cala Xinxó SL no se da por vencida. Quiere revivir el proyecto y considera que las decisiones administrativas han sido el principal obstáculo para lograrlo.
