La vicesecretaria general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez, calificó este jueves de «muy graves» los hechos relacionados con la Vivienda de Precio Limitado (VPL) del alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, denunciada por La Voz de ibiza, y exigió explicaciones tanto al regidor como a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y al presidente del Consell, Vicent Marí.
Sánchez alertó sobre la «gravedad» del escándalo y fue directa al señalar al alcalde: «No se puede hacer negocio de la necesidad de sus conciudadanos, que le han dado su confianza para trabajar por el interés general». A su juicio, Triguero «ha traicionado la confianza de sus propios votantes».
La vicesecretaria también amplió el foco hacia las instituciones que dirige el PP en Baleares. Reclamó a Prohens y a Marí que aclaren «por qué las leyes del PP están favoreciendo la especulación en lugar de ayudar a las familias que no pueden acceder a un techo digno», y fue contundente en su diagnóstico: «Las políticas de vivienda del PP solo sirven para que sus cargos incrementen su patrimonio y saquen provecho«.
Los socialistas consideran además lo sucedido un «fraude de ley» y criticaron que, a día de hoy, Triguero no haya ofrecido detalles sobre si cumplía las condiciones legales para reconvertir el local en VPL. «El alcalde de Ibiza da una imagen muy clara de cuánto le importa al PP la vivienda digna; su actuación es especialmente grave porque aprovecha la necesidad«, remató Sánchez.
El PP, sin dar la cara por su alcalde
La comparecencia se produjo en un momento en que el escándalo, destapado por La Voz de Ibiza, sigue sin recibir respaldo institucional del PP hacia su alcalde. Ni Prohens ni el resto de dirigentes del partido han salido públicamente en defensa de Triguero desde que se conocieron las irregularidades, y la presidenta del Govern ha eludido hasta ahora darle un apoyo explícito.
En ese contexto, los grupos municipales del PSOE y Podemos en el Ayuntamiento de Ibiza han exigido la celebración de un pleno extraordinario monográfico para que Triguero dé explicaciones ante sus compañeros de corporación. Ambas formaciones consideran insuficiente la única comparecencia pública del alcalde hasta ahora, que se produjo el martes ante los medios sin posibilidad de preguntas, y reclaman acceso a toda la documentación de los expedientes de la vivienda.
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«Con trabajadores que no tienen dónde vivir»
Por su parte, la socialista Elena López Bonet trasladó la «profunda preocupación» del PSOE ibicenco: «Mientras la ciudad vive una crisis habitacional sin precedentes, con trabajadores que vienen a hacer la temporada y no tienen dónde vivir, Triguero se ha hecho una reconversión de un local a una vivienda y todavía no ha dado ningún detalle sobre si cumplía las condiciones legales para ello». López Bonet también subrayó el silencio del partido: «Vemos a un Partido Popular que no ha apoyado a Rafa Triguero, ni sus cargos ni el propio partido».
Las irregularidades que destapó La Voz de Ibiza
La investigación de este medio reveló que el alcalde ha incumplido al menos cinco normas en relación con su VPL: no inscribió la vivienda en el Registro autonómico pese a tener la licencia de primera ocupación desde el 6 de marzo, no presentó la declaración responsable de beneficiarios, su esposa es propietaria de otra vivienda en el mismo edificio e instaló una valla ilegal que retiró parcialmente al conocer la investigación. Además, su gabinete de prensa negó públicamente que tuviera el cambio de uso, en contradicción con la documentación.
A ello se suma que el Govern confirmó sin saberlo que Triguero incumple la norma: el alcalde ocultó a la Conselleria de Vivienda que ya tenía la licencia de primera ocupación desde marzo, un dato clave que la administración de Prohens desconocía y que ahora la obliga a decidir si actúa contra él. El PSOE ha denunciado además que Triguero habría tramitado donaciones en vida reversibles hacia sus hijos, lo que los socialistas califican de posible fraude de ley por sus similitudes con un alzamiento de bienes. Las consecuencias de confirmarse las irregularidades pueden incluir multas de hasta 200.000 euros y la pérdida del derecho a residir en la vivienda.
