La historia del edificio inacabado de Punta Xinxó, en Cala de Bou, es una radiografía descarnada de la burbuja inmobiliaria y de la deriva social y urbana en la isla más famosa del Mediterráneo.
Donde iban a celebrarse bodas y veranos de lujo, hoy hay colchones tirados entre el hormigón, ropa tendida donde nunca hubo ventanas, y vida precaria donde solo había promesas de estrellas y éxito.
Lo que debía ser el “Bahía del Mediterráneo”, un megacomplejo hotelero, se ha convertido en cuna improvisada, refugio desesperado y vergüenza colectiva de un barrio y de toda la isla.
De sueño turístico a símbolo del abandono
El origen de este drama se remonta a 2006, cuando el Ayuntamiento de Sant Josep otorgó la licencia de obra para la construcción del hotel Bahía del Mediterráneo en primera línea de la bahía de Portmany.
La promotora Cala Xinxó S.L. preveía levantar un hotel de cuatro estrellas, con más de 250 habitaciones y, durante la ejecución, llegó a plantearse su ampliación a cinco estrellas. Sin embargo, la crisis de 2008 truncó los planes y, en 2010, la obra quedó paralizada por falta de financiación.
Desde entonces, la estructura se ha convertido en la mayor ruina urbana de la bahía.
La ruina que nadie quiso mirar
Durante años, el abandono absoluto dejó paso al saqueo, el vandalismo y la insalubridad. Las vallas caídas y la falta de seguridad permitieron el acceso de cualquiera: primero los saqueadores, luego niños del barrio y, con el tiempo, las primeras familias sin recursos.
Desde 2020, la estructura es un chabolismo vertical donde sobreviven en condiciones extremas inmigrantes, trabajadores temporeros y personas sin hogar, mayoritariamente del norte de África, según datos del propio Ayuntamiento.
En mayo de 2025, la Policía Local cifró en 87 los ocupantes, organizados en 54 núcleos familiares. Los vecinos aseguran que ya supera el centenar y crece cada semana.
El edificio, sin agua, luz ni saneamiento, acumula basura y ratas, y la fachada muestra ropa tendida y colchones entre los muros. El clima de miedo y deterioro marca el día a día del barrio: ruidos, suciedad, coches aparcados irregularmente y una sensación constante de inseguridad y hartazgo.
Un drama humano visible: la infancia nacida entre escombros
Pero la dimensión social y humana va mucho más allá del deterioro físico. Así lo subraya el alcalde, Vicent Roig, que en declaraciones a los medios reveló que entre los ocupantes hay “una familia de origen marroquí que vive en este espacio todo el año” y que, en palabras del propio alcalde, “hay un niño de dos años que nació dentro de este edificio”.
El caso, que ya está bajo la intervención de los Servicios Sociales municipales, sirve como emblema extremo de la situación: “No son condiciones para vivir”, reconoció Roig, reiterando que el Consistorio trabaja para dar seguimiento y ayuda a esta familia, aunque no puede permitir que se mantenga esta realidad bajo ningún concepto.
La presencia de menores y bebés subraya la urgencia social, mucho más allá del escándalo urbanístico.
El giro legal y los compromisos con el barrio
El punto de inflexión llegó en la primavera de 2025. Tras la declaración de caducidad de la licencia de obra, el Consistorio ha intensificado la presión sobre la propiedad. Según anunció el alcalde, a principios de abril, la empresa propietaria presentó una denuncia por usurpación del solar ante la Guardia Civil, abriendo la vía judicial necesaria para tramitar el desalojo.
Paralelamente, el Ayuntamiento se comprometió ante los vecinos a una serie de medidas inmediatas: reforzar la iluminación de las calles Jaén y Huelva, así como del frontal marítimo, y limpiar a fondo las zonas públicas del entorno del edificio, sobre todo la fachada, “para que no haya ni el más mínimo rincón donde alguien se pueda esconder o ejercer acciones delictivas”, en palabras de Roig.
Además, se ha ordenado el refuerzo de la presencia policial en la zona como parte de la respuesta municipal al deterioro de la convivencia.
Un conflicto enquistado: litigios, expedientes y promesas incumplidas
El caso de Punta Xinxó ha sido durante años un laberinto legal y administrativo. Tras la paralización de las obras en 2010, la estructura quedó en manos de la promotora Cala Xinxó S.L., pero los problemas financieros y el impago de deudas llevaron incluso a que el solar saliera a subasta, sin éxito.
Las disputas por la propiedad y los continuos recursos judiciales atascaron cualquier posibilidad de intervención municipal real durante casi una década. En este periodo, la dejadez fue absoluta: el edificio permaneció expuesto, las grúas se oxidaron a la vista de todos y las denuncias de robos, saqueos y daños ambientales se acumularon sin respuesta.
En 2018, el entonces concejal de Urbanismo llegó a dar un ultimátum a la promotora: o reanudaba las obras o la licencia caducaría. Sin embargo, los pleitos en curso impidieron ejecutar la amenaza. El tiempo pasó, las demandas vecinales se hicieron más desesperadas y las administraciones, según reconocen ahora, no supieron o no pudieron reaccionar a tiempo. Las grúas permanecieron en pie cerca de diez años tras el abandono, una imagen de impotencia que simbolizó la incapacidad de la isla para gestionar sus propios errores urbanísticos.
El espejismo de las VPO y la presión social
En 2020 se planteó públicamente la idea de reconvertir el edificio inacabado en viviendas de protección oficial, traspasando el proyecto al Govern balear. El objetivo era doble: evitar el impacto de levantar nuevos edificios y dar respuesta a la emergencia habitacional, aprovechando la estructura ya existente.
Sin embargo, la propuesta naufragó entre obstáculos técnicos, falta de acuerdo político y la realidad de una estructura muy degradada y costosa de adaptar. El expediente quedó en nada, y el edificio siguió acumulando okupación, residuos y alarma social.
En paralelo, la acumulación de residuos en el interior y la proliferación de plagas motivaron en 2021 la apertura de un expediente medioambiental. Este proceso fue archivado temporalmente tras el compromiso de la propiedad de limpiar, promesa que nunca se cumplió según los vecinos y el propio Consistorio.
De la pasividad a la reacción: la nueva etapa municipal
Con la llegada del nuevo gobierno municipal encabezado por Vicent Roig, se decidió dar por agotada la vía de las advertencias y proceder a la declaración de caducidad de la licencia. Tras meses de tramitación administrativa, en mayo de 2025 la Junta de Gobierno Local certificó oficialmente la caducidad, abriendo la puerta a la intervención directa sobre el edificio.
Este movimiento supuso también un cambio de discurso y de prioridades. El Ayuntamiento activó expedientes para exigir el restablecimiento del vallado de la obra, iniciar sanciones por insalubridad y exigir a la propiedad medidas inmediatas de seguridad.
El Consistorio, además, solicitó el apoyo de la Delegación del Gobierno para planificar un operativo de desalojo que, según fuentes municipales, busca ser “garantista, seguro y definitivo”.
Mientras, la vida cotidiana en la ruina sigue degradándose
En el día a día, la situación interna del edificio sigue siendo dramática. Los ocupantes, la mayoría inmigrantes irregulares y trabajadores estacionales, se reparten en “habitaciones” improvisadas en las plantas inacabadas. Sin agua corriente ni alcantarillado, se abastecen de fuentes improvisadas y arrojan basura tanto al interior del inmueble como al exterior, a pesar de los nuevos contenedores y papeleras municipales.
Las condiciones de vida, denunciadas por los propios vecinos y constatadas por los Servicios Sociales, son insalubres y peligrosas: plagas de ratas, suciedad extrema, focos de malos olores y riesgo real de incendios o accidentes graves.
La denuncia, clave para el desalojo judicial
Uno de los mayores obstáculos ha sido la falta de denuncia formal de la ocupación por parte de la propiedad, un requisito legal indispensable para que la Policía o la Guardia Civil puedan actuar. Según comunicó el Ayuntamiento a los vecinos en mayo, la empresa finalmente presentó denuncia ante la Guardia Civil a principios de abril de 2025, lo que activa el proceso judicial necesario para tramitar el desalojo con las debidas garantías legales. Este paso ha sido fundamental para desbloquear la intervención y lanzar la hoja de ruta definitiva: primero, el desalojo seguro de todos los ocupantes; después, la demolición del esqueleto; y finalmente, la recuperación del solar.
El futuro de la parcela: entre la demolición y la esperanza de un uso social
La declaración de caducidad implica que cualquier desarrollo futuro deberá partir desde cero y ajustarse a la normativa urbanística y turística actual, mucho más restrictiva que la de 2006.
El propio alcalde ha señalado que la capacidad edificatoria sería ahora aproximadamente un 40% menor que la prevista en origen, y la zona está considerada suelo urbano consolidado, lo que limita la altura, la densidad y los usos permitidos.
Mientras, el Ayuntamiento mantiene la prioridad absoluta en sanear y vaciar el solar. No se descarta ningún destino futuro, aunque colectivos vecinales y ambientalistas reclaman que, tras la demolición, el espacio se convierta en zona verde, equipamiento comunitario o incluso vivienda pública, evitando así repetir el ciclo de especulación y abandono.
Cualquier decisión, en todo caso, requerirá negociación con la propiedad y, posiblemente, expropiaciones si el interés general así lo demanda.
Un espejo incómodo para toda Ibiza
La ruina de Punta Xinxó es hoy mucho más que un problema de seguridad o de imagen urbana. Se ha convertido en símbolo de todos los excesos y omisiones que han marcado el urbanismo en la isla: del boom especulativo a la desidia, de la falta de previsión social a la incapacidad de las instituciones para actuar a tiempo.
Para los vecinos, el proceso ha sido largo y doloroso: años de reclamaciones, incomodidad, miedo, pérdida de calidad de vida y una sensación de abandono que solo ahora empieza a revertirse.
El nacimiento de un niño entre los escombros del edificio, la intervención de los Servicios Sociales y el compromiso tardío de las autoridades municipales resumen el drama humano que ha superado con creces la anécdota urbanística.
La presión social, la cobertura mediática y la perseverancia vecinal han conseguido que el caso se sitúe en la agenda pública y política de la isla, obligando a las administraciones a reaccionar, aunque sea tarde.
