José Ángel González, hasta ahora Director Adjunto Operativo (DAO) y máximo responsable profesional del cuerpo, ha presentado su renuncia ante el Ministerio del Interior. La decisión, que entrará en vigor de forma inmediata, sucede al anuncio de su citación judicial como querellado por un presunto delito de agresión sexual.
El juzgado madrileño encargado del caso ha fijado para el próximo 17 de marzo la comparecencia de González. El proceso se inicia tras la admisión a trámite de una querella presentada por una agente de la propia institución, quien acusa al alto mando de abusar de su posición y de los recursos del Estado.
Las claves de la investigación judicial: qué dice la denuncia
La denuncia describe episodios de extrema gravedad que habrían ocurrido en abril del año pasado. Según el relato de la agente (quien mantuvo un vínculo afectivo previo con el DAO), los hechos sucedieron en una residencia oficial vinculada al Ministerio del Interior. La querellante sostiene que acudió al lugar bajo presión mientras se encontraba en horario de servicio.
La acusación, representada por el abogado Jorge Piedrafita, no se limita a la agresión sexual: el escrito judicial incluye presuntos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de fondos públicos. Entre las pruebas aportadas figura una grabación de audio que, según la defensa, acredita el rechazo frontal y persistente de la agente ante la violencia física y la intimidación ambiental ejercida por su superior.
Un mandato rodeado de controversia
José Ángel González asumió la jefatura operativa en 2018, bajo la gestión de Fernando Grande-Marlaska. Su permanencia en el cargo ya generó fricciones políticas en noviembre de 2024, cuando el Ministerio del Interior modificó la normativa para evitar su jubilación forzosa al cumplir los 65 años. Aquella decisión recibió duras críticas de la oposición y de diversos sectores internos del cuerpo.
La presión sindical también resultó determinante en las últimas horas: JUPOL, la organización mayoritaria en la Policía Nacional, exigió el cese inmediato del DAO tras conocerse el avance judicial. El sindicato reclamó al Gobierno medidas contundentes para proteger la integridad y la imagen pública de la institución ante la gravedad de las imputaciones.
