Uno de los pasajes más comentados y polémicos de la carta abierta publicada por José Antonio Granados Tornero, jefe de la Policía Local de Sant Josep, hace referencia directa a las Táser.
“¿Dónde están los dispositivos eléctricos de contención (los conocidos Táser)? En el almacén, pendientes de que se apruebe un reglamento para su uso por parte de las policías locales”, afirma el mando policial en su texto difundido tras la brutal agresión sufrida por dos agentes en Platja d’en Bossa.
La denuncia no solo es local: Sant Josep, Sant Antoni, Santa Eulària y otros municipios de Ibiza ya tienen dispositivos Táser comprados y formados sus instructores, pero no pueden repartirlos a sus agentes porque la normativa autonómica está atascada. Mientras tanto, agresiones como la reciente, que dejó a un policía herido grave, avivan el debate sobre el retraso normativo y la protección real de los servidores públicos.
El marco legal: entre el almacén y el BOIB
En España, el uso policial de pistolas eléctricas está regulado de forma restrictiva. Solo las fuerzas y cuerpos de seguridad pueden portar Táser, y siempre bajo protocolos estrictos.
A nivel nacional, Policía Nacional y Guardia Civil las han ido incorporando desde 2019, y también Mossos y Ertzaintza cuentan con ellas bajo regulación propia.
En Baleares, la situación es distinta: el Decreto 40/2019 regula la coordinación de las policías locales, pero hasta 2024 no contemplaba explícitamente las pistolas Táser como parte del equipamiento autorizado.
En 2025, el Govern balear ha impulsado una modificación de este decreto para incluir los dispositivos eléctricos de control como herramientas policiales menos letales, pero la reforma sigue en fase de proyecto, aún sin aprobación definitiva.
Así, los ayuntamientos han invertido en comprar Táser, han formado a instructores y han preparado protocolos internos… pero legalmente no pueden entregar el arma al agente para su uso en calle hasta que el Govern publique el reglamento en el BOIB (Boletín Oficial de las Islas Baleares).
El resultado: decenas de dispositivos bloqueados en los armeros, sin utilidad práctica ante situaciones de máximo riesgo para los agentes.
El caso ibicenco: entre la frustración y la urgencia
Ibiza es uno de los territorios que más presión ha hecho para disponer de Táser, debido al aumento de agresiones en zonas turísticas y la sensación de impunidad entre los delincuentes.
El propio Granados lo resume en su carta: “Delinquir y ser atrapado no puede salir barato, si así fuera, se contradice el propósito reeducador de la pena y se refuerza la sensación de impunidad. El delincuente se siente ganador y la sociedad, perdedora.”
Tras la agresión sufrida por sus agentes, el jefe policial recalca la paradoja: “Esas herramientas [las Táser] podrían marcar la diferencia en situaciones como la vivida, evitando que un solo delincuente ponga en serio peligro la integridad de dos policías”.
No es solo Sant Josep: Sant Antoni compró en 2024 cuatro Táser y formó instructores en Madrid; Santa Eulària hizo lo propio; y otros municipios, como Marratxí (Mallorca), fueron pioneros en la compra y formación. Sin embargo, la falta de normativa autonómica específica, como exige la Ley de Coordinación de Policías Locales, ha mantenido estos dispositivos bajo llave.
¿Por qué están bloqueadas las Táser en los armeros?
La clave está en la jerarquía normativa: Las policías locales dependen en parte de la regulación autonómica para el uso de armas o dispositivos de control. Aunque los consistorios puedan comprar el material y formar a sus agentes, sin un reglamento habilitante aprobado por el Govern balear, no pueden ponerlo en servicio real.
La situación llevó a que, durante meses, decenas de Táser estuvieran disponibles pero “en el almacén”, como denuncia Granados. El jefe policial insiste: “Necesitamos herramientas modernas y eficaces para proteger tanto a los agentes como a los ciudadanos. No se trata de armar a la policía con medios letales, sino de dotarla de alternativas proporcionadas antes de recurrir al arma de fuego.”
Mientras tanto, los sindicatos policiales han reclamado reiteradamente la activación urgente de la normativa y han criticado los retrasos administrativos, alegando que la vida de los agentes está en juego.
Formación, controles y garantías
El uso del Táser está estrictamente regulado en España: solo pueden utilizarlo agentes formados específicamente, tras superar un curso de 12 horas de adiestramiento teórico-práctico. Cada disparo queda registrado en vídeo gracias a una “bodycam” que se activa automáticamente al desenfundar el dispositivo.
Los protocolos nacionales y autonómicos insisten en que el Táser debe ser el último recurso antes del arma de fuego, solo en situaciones de resistencia violenta o riesgo real, nunca contra población vulnerable (menores, embarazadas, ancianos, etc.). Tras cada intervención, se activa una revisión interna y se debe justificar el uso de la pistola eléctrica para evitar abusos.
En el caso de Baleares, los ayuntamientos que han formado instructores esperan que, tras la entrada en vigor del nuevo reglamento, cada agente que reciba el arma reciba también la formación homologada y siga protocolos estrictos de uso y revisión.
Más dudas y reflexiones
En el cierre de su carta, José Antonio Granados Tornero deja claro que la cuestión de las Táser no es el único desafío pendiente en la seguridad pública de Ibiza y Baleares.
El jefe policial expone su preocupación por la falta de herramientas para jueces y fiscales, que a menudo se ven obligados a juzgar una y otra vez a los mismos individuos, sin que el sistema logre cortar la reincidencia delictiva.
Destaca también el creciente número de agentes que solicitan destinos en oficinas, una tendencia que responde tanto al miedo como al agotamiento, y que refleja una desmotivación preocupante entre quienes deberían estar en primera línea de la seguridad ciudadana.
Granados lamenta que en demasiadas ocasiones los propios cuerpos policiales tengan que enfrentarse a críticas internas, a desconfianza o a burlas hacia aquellos agentes que deciden patrullar y exponerse cada día en la calle.
Para él, la cuestión de fondo es hasta dónde será necesario llegar para que la sociedad y las instituciones entiendan que la protección de los servidores públicos no es solo una cuestión de recursos materiales, sino también de apoyo moral y político.
Solo así, señala, se podrá evitar que el sentimiento de impunidad y la presión sobre quienes defienden la ley terminen por desalentar a los mejores profesionales y dejar sin respuesta a la ciudadanía.
