El asentamiento informal de Can Rova 2, ubicado en la finca de Cas Bunets, en Es Puig d’en Valls, fue desalojado este martes por orden judicial en un dispositivo coordinado por el Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río. El operativo comenzó a las 9.00 horas y se desarrolló sin incidentes, ya que la mayoría de personas que residían en la zona ya habían abandonado el lugar previamente, según comunicó el consistorio.
El desmantelamiento se organizó en cuatro fases, con tareas diferenciadas para asegurar un desarrollo progresivo y seguro.
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Inspección técnica: personal municipal inspeccionó las construcciones más próximas a la carretera de Sant Antoni. Se localizaron instalaciones eléctricas ilegales, botellas de gas, baterías, bidones con aceites y combustibles, residuos electrónicos y placas de amianto.
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Revisión con perros especializados: el equipo canino de la Guardia Civil revisó los espacios para descartar la presencia de materiales peligrosos o explosivos.
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Desmontaje de estructuras: se emplearon retroexcavadoras, una grúa giratoria, camiones y furgonetas para retirar los materiales. Los residuos se trasladaron a la planta de clasificación de Santa Bárbara, donde se espera completar la limpieza en un plazo de dos días.
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Intervención social: técnicos de servicios sociales ofrecieron atención a las personas afectadas, tanto en el lugar como en las oficinas municipales.
Más de 60 personas participaron en el operativo
En el dispositivo intervinieron 15 agentes de la Policía Local, entre ellos efectivos del Grupo de Acción Rápida (GAP), la unidad de drones y Seguridad Ciudadana. La Guardia Civil movilizó a 38 personas, incluidos miembros del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de Valencia, unidades de Tráfico y Seprona, además del equipo cinológico.
La Policía Nacional colaboró con cinco efectivos en tareas relacionadas con extranjería. Desde el Ayuntamiento, participaron técnicos de Medio Ambiente, Infracciones y Servicios Sociales.
Cuántas personas solicitaron ayuda de Servicios Sociales
Según el balance proporcionado por el Ayuntamiento, 48 personas solicitaron ayuda desde el anuncio del desalojo, incluyendo 11 menores y 37 adultos. Entre ellas había cuatro mujeres embarazadas, una persona mayor de 65 años y una persona con enfermedad incapacitante.
Se gestionaron ayudas como:
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Acceso a centros de acogida: 4 casos
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Alojamiento temporal privado: 1 caso
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Ayuda económica para entrada en vivienda de alquiler: 4 casos
La atención de los servicios sociales es en horario de 08 a 15 en las oficinas de Santa Eulària en Puig d’en Valls.
Qué pasará con los residentes
Aunque la operación se ha desarrollado sin incidentes, muchos afectados temen quedarse sin alternativa habitacional en plena temporada turística. «Parece que acabaremos en otro terreno», dijo uno de ellos a La Voz de Ibiza.
El desalojo de Can Rova 2 había comenzado en abril, pero se suspendió casi de inmediato por un reclamo judicial de los residentes, que alegaban desconocer las intenciones del Ayuntamiento y no poder presentar su defensa ni buscar alternativas.
El Consistorio ha compartido informes municipales que alertaban de riesgos de incendio, electrocución y salubridad. De hecho, el 26 de junio un incendio puso los servicios de emergencia de Ibiza al límite.
Ocho días más tarde, llegó la habilitación judicial para el desalojo. Residentes del asentamiento solicitaron un aplazo hasta fines de agosto, pero esta vez no lograron ganar tiempo.
La intervención de este martes ha puesto fin a un asentamiento que había crecido en tamaño y visibilidad durante el último año.
