La Asociación de Industrias y Servicios Náuticos de Ibiza y Formentera (AISNEF), integrada en PIMEEF, ha rechazado este jueves de forma contundente la modificación del Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima aprobada por el Ministerio de Transportes.
Esta nueva norma permitirá que las embarcaciones registradas en la lista 7.ª —destinadas al uso particular— puedan ser utilizadas comercialmente durante tres meses al año, una medida que entrará en vigor el 15 de agosto de 2025. Para el sector náutico de la isla, se trata de “una medida totalmente absurda” que “potenciará aún más el intrusismo” en las aguas de las Pitiusas.
Califican la medida de «incomprensible»
Desde AISNEF advierten que esta norma es una “incomprensible desregulación de un sector esencial” para el transporte y el turismo en el archipiélago. “Resulta aún más dolorosa”, subrayan, porque llega justo cuando el sector había puesto esperanzas en una normativa autonómica que avanzaba en la lucha contra el intrusismo y la regulación del chárter náutico.
El Consell d’Eivissa y el Govern balear han mostrado en los últimos meses su intención de ordenar el sector y reducir las zonas grises en las que operan empresas externas sin controles locales. La modificación del reglamento estatal, en cambio, representa un paso atrás en esa dirección, considera AISNEF.
Por qué la medida no es útil para Ibiza
Según el Gobierno central, esta iniciativa pretende revitalizar el sector marítimo en zonas costeras del Estado con baja actividad náutica. Sin embargo, desde AISNEF advierten que aplicar este criterio en las islas Baleares, y en particular en Ibiza, tiene un efecto contrario al deseado. “Esta nueva regulación es una auténtica bomba de relojería en una zona como Ibiza, donde el problema es precisamente el exceso de actividad ilegal que no se somete a ningún control por parte de la Administración”, denuncian desde la asociación empresarial.
Tal como informó La Voz de Ibiza entidades de todo el archiélago balear, incluido el Consell de Ibiza, han manifestado un rotindo rechazo a la medida del Gobierno central.
Qué exigen si la norma se aplica
AISNEF ha solicitado que la normativa no se aplique finalmente, por los efectos negativos que tendría sobre la sostenibilidad ambiental de las islas. En caso de que no se paralice, advierten que será imprescindible un incremento significativo de recursos humanos y materiales para que las administraciones marítimas estatales y autonómicas puedan fiscalizar esta nueva realidad.
La asociación recuerda que el uso comercial de embarcaciones privadas puede perjudicar gravemente la calidad y la seguridad del sector, lo que impactará tanto en los empresarios locales como en la experiencia turística en el mar.
