El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha incoado 13 expedientes sancionadores por el ataque mortal a la perra Likha, ocurrido el pasado 21 de febrero en la zona del diseminado de Can Lluqui, junto a Cova Santa, en el que también resultó herida una persona. Las multas pueden oscilar entre los 10.000 y más de 30.000 euros, según informó el propio Consistorio este miércoles.
Tres perros sueltos y sin bozal
Según los informes policiales recogidos por el Ayuntamiento, en el momento del ataque había tres perros en la zona, dos de los cuales habrían participado de forma directa en la agresión. Los animales circulaban sin bozal, sin sujeción y sin la supervisión que exige la normativa sobre tenencia de animales potencialmente peligrosos.
La víctima humana sufrió lesiones que precisaron asistencia médica y puntos de sutura. Likha, en cambio, no logró sobrevivir y falleció pocas horas después en un centro veterinario pese a la atención recibida.
Sin licencia ni seguro obligatorio
La investigación, desarrollada por la Policía Local y la Unidad de Medio Ambiente (UMA), constató varias irregularidades administrativas. Dos de los animales implicados no disponían de la licencia administrativa para la tenencia de perros potencialmente peligrosos, no figuraban correctamente inscritos en el registro municipal y carecían del seguro obligatorio de responsabilidad civil. A ello se suma el incumplimiento de las medidas de seguridad básicas, como el uso de bozal y el control individualizado de cada animal en la vía pública.
Infracciones leves, graves y muy graves
Los 13 expedientes abiertos por el Consistorio contemplan infracciones leves, graves y muy graves, conforme a la Ley 50/1999 y la normativa complementaria. Más allá de las multas económicas, el Ayuntamiento aplicará medidas accesorias: la suspensión definitiva de la licencia de tenencia de animales potencialmente peligrosos a los propietarios de los perros implicados y el decomiso de los animales, que quedarán bajo custodia del CEPAD hasta que se resuelva definitivamente su situación.
El Consistorio ha descartado el sacrificio de los perros, posibilidad que la ley contempla, al considerar que los animales no deben asumir las consecuencias de la negligencia de sus propietarios.
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«Actuaremos de forma implacable»
La regidora de Medio Ambiente, Felicia Bocú, ha asegurado que el Ayuntamiento «actuará de forma implacable ante cualquier caso de tenencia irresponsable de animales, especialmente cuando se pone en riesgo la seguridad de las personas y de otros animales». Bocú ha subrayado además que tener un animal «implica derechos, pero también muchas obligaciones», y ha agradecido el trabajo coordinado de la Policía Local, la UMA y el personal del CEPAD.
Presiones desde la apertura del caso
El Ayuntamiento ha hecho público que desde el inicio del expediente ha recibido presiones constantes tanto de personas vinculadas a los propietarios de los perros como de algunas entidades animalistas que reclamaban la devolución de los animales. El Consistorio sostiene que esas presiones no alterarán su compromiso con la seguridad pública, el bienestar animal y el cumplimiento de la legalidad.
19 ataques en lo que va de año
La nota municipal ofrece también una radiografía del problema en el municipio. En lo que va de 2026, la Policía Local de Sant Josep y la UMA han tramitado 34 denuncias por irregularidades en la tenencia de animales domésticos —falta de licencia, de seguro, abandono, malas condiciones o ausencia de bozal—, han atendido 53 incidencias relacionadas con animales y han intervenido en 19 avisos por ataques, de los cuales 8 fueron a otros animales y 11 a personas.
El Ayuntamiento recuerda que los perros considerados potencialmente peligrosos deben contar obligatoriamente con licencia administrativa, seguro de responsabilidad civil, inscripción en el registro municipal y medidas de seguridad específicas, como el uso de bozal y correa en la vía pública. La investigación por el ataque mortal a Likha en Can Lluqui sigue su curso administrativo.
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