La historia que comenzó como una supuesta ocupación de vivienda por parte de una pareja joven a una anciana de 83 años en Ibiza ha tomado un rumbo insospechado. J., un trabajador estacional venezolano, y su pareja, quienes han sido retratados como los “okupas” que mantenían encerrada a una mujer mayor en su propio piso, han decidido romper el silencio ante La Voz de Ibiza y ofrecer su versión de los hechos.
Según J., la situación es completamente opuesta: asegura que él y su pareja son inquilinos, que han pagado el alquiler de la habitación, y que desde que llegaron han sido blanco de presiones, amenazas y agresiones por parte de la propietaria y su entorno. “Tengo pruebas de todo”, repite en varias ocasiones a lo largo de una extensa conversación que traza una cronología que comienza en noviembre del año pasado. En el siguiente enlace, La Voz de Ibiza publica toda la documentación que avala la versión de la pareja.
Aunque el conflicto continúa abierto y bajo análisis judicial, J. insiste en que su intención nunca fue quedarse donde no lo quieren. Dice que lo único que desea es poder salir de esa vivienda con tranquilidad, sin miedo, y sin que su pareja o él sufran represalias.
Asegura que no busca venganza ni compensaciones, sino simplemente recuperar su vida en paz, poder trabajar y vivir en la isla sin estar bajo sospecha ni presión constante. Quiere, dice, cerrar esta etapa con dignidad y que se escuche su verdad, después de semanas sintiéndose señalado públicamente como alguien que no es.
«Siento que esto que hace tiene una intención: subirme el alquiler a 1.200 euros o más. No veo otra opción, no estamos haciendo nada malo, es más, me extraña que se inventen cosas como que manejo Uber cuando no sé manejar», se sorprende.
Los inquilinos
La pareja está formada por dos jóvenes inmigrantes que llegaron a Ibiza desde Sevilla con la intención de instalarse para trabajar durante la temporada turística. J., dedicado al ámbito audiovisual y con experiencia previa en la isla, tiene ya la posibilidad de encadenar su segunda temporada en un reconocido hotel.
Su pareja también cuenta con trayectoria en el sector de la hostelería y tenía previsto incorporarse a un nuevo empleo en abril, fuera del entorno de quienes les ofrecieron inicialmente la habitación.
Ambos sostienen que llegaron a la isla con lo justo, pero con la intención de establecerse de forma regular, trabajando y cumpliendo con sus obligaciones.
Afirman que desde el inicio del conflicto han tratado de actuar con cautela, limitarse a defender su espacio y sostener el pago de la vivienda. Su prioridad, aseguran, es salir de esta situación sin más hostilidades y continuar con su vida lejos del foco público.
Un acuerdo verbal y el inicio del conflicto
El vínculo entre J. y la propietaria comenzó cuando él realizó un trabajo fotográfico para su restaurante durante la temporada pasada.
En noviembre de 2024, mientras aún residía en Sevilla, ella le ofreció una habitación para él y su pareja por 600 euros al mes, con la condición de comenzar a pagar desde febrero aunque su llegada fuera en abril. J. aceptó, incluso entregó el piso que compartían en Sevilla para preparar su traslado definitivo a Ibiza.
A principios de febrero de 2025, la pareja se mudó a la habitación acordada. Como uno de los titulares del Diario de Ibiza hacía mención al colchón, J. quiere comenzar a aclarar hasta ese mínimo detalle y asegura que, si bien inicialmente el colchón no estaba disponible, la propietaria les entregó uno nuevo ese mismo día y tiempo después habló con el marido de la propietaria para mudarlo de habitación, al nuevo sitio donde se irían tras varias discusiones. Pero para ello falta.
El 7 de febrero, J. afirma haberle entregado en mano el primer pago del alquiler. Al día siguiente, su pareja fue al bar gestionado por la hija de la propietaria para incorporarse como camarera, pero declinó firmar un contrato de un año porque ya tenía previsto comenzar a trabajar en otro establecimiento en abril. “Ahí empezó todo”, cuenta J.
Según su relato, el rechazo del contrato desató el malestar de la propietaria, quien les pidió que abandonaran la habitación de inmediato. “Nos dijo que si íbamos a trabajar en otro sitio, que nos dieran habitación allí”, relata.
Presión creciente y obstáculos para salir
J. asegura que intentaron buscar una alternativa habitacional, pero los precios eran prohibitivos: “Nos pedían 1.500 euros por una habitación y cuatro meses por adelantado”. Ante la imposibilidad de mudarse, el conflicto se intensificó. “Nos pidieron que nos pasáramos a otra habitación y lo hicimos. Limpié la anterior, hice fotos del estado en que la dejé, pasé el colchón. Luego nos acusaron de robar ese colchón”, narra.
Durante semanas, la convivencia fue cada vez más tensa. El relato incluye episodios de hostilidad deliberada, presión psicológica y, según J., el uso de la figura de la madre anciana como herramienta emocional. “Con la señora mayor teníamos buena relación. Ella nos hablaba con amabilidad, incluso nos ofrecía pan casero. Lo que dicen que le quitamos la comida o el colchón es falso”, sostiene.
Puertas rotas, amenazas y denuncias cruzadas
Cuando comenzó a temer que pudieran vaciarle la habitación en su ausencia, J. pidió asesoramiento a la Policía Local y colocó un cerrojo adicional con su aprobación. Asegura que esto desató aún más el conflicto. En marzo, cuenta que un día regresó al piso y se encontró con todas sus pertenencias tiradas en el pasillo. “Me rompieron el candado, me tiraron mis cosas, mis equipos fotográficos, todo”, afirma.
J llamó entonces a la Policía. Según su versión, los agentes le indicaron que tenía derecho a permanecer en la habitación, que era su morada, y que se habían vulnerado sus derechos. La propietaria, cuenta el inquilino, accedió a devolverle la llave tras ser advertida por los agentes de que podía ser detenida si no lo hacía.
Desde entonces, afirma que vive encerrado en su cuarto, apenas sale a cocinar por las noches para evitar encontronazos. La tensión no cesó. La situación se tornó aún más grave cuando, según denuncia, fue agredido por la propietaria y hasta por la madre de ésta —la anciana— a las puertas del ascensor. “Pobre señora mayor, está siendo usada por su hija”, insiste.
Dice haber recibido golpes, patadas y que le lanzaron con un teléfono a la cara. Presentó parte de lesiones y asegura tener los hechos grabados en vídeo.
Dinero en disputa y vía judicial
J. señala que, tras negarse la propietaria a recibirle el dinero sin firmar un recibo, optó por realizar el pago a través de un requerimiento legal.
El dinero, explica, fue ingresado en una cuenta designada por el juzgado de lo civil, quien tramita el proceso. “Cada mes tengo que ir y pedir un nuevo número de cuenta para seguir pagando, porque no lo quieren aceptar directamente”, agrega. También asegura que ha denunciado los hechos tanto en sede judicial como ante la Policía.
A su juicio, la campaña mediática que lo retrata como un okupa forma parte de una estrategia para presionarlos y forzarlos a abandonar la vivienda. El mismo día que apareció la noticia, dice, recibió un enlace enviado por la propietaria. “Me preguntó si había leído los comentarios. La gente pidiendo la dirección para ir a echarnos. Eso me asustó mucho”, relata.
Una historia que refleja una Ibiza tensionada
La situación, aún bajo investigación y pendiente de resolverse judicialmente, pone de relieve la complejidad de los conflictos habitacionales en Ibiza, donde la falta de oferta asequible, las tensiones entre propietarios e inquilinos estacionales y la desconfianza mutua están a la orden del día. Lo que empezó como el caso de una «abuela okupada» podría estar mostrando una trama mucho más enredada, donde las etiquetas simplificadas no alcanzan para explicar lo que sucede puertas adentro.
