El reciente cierre de sesiones de DJ en el emblemático chiringuito Sa Trinxa, en Ses Salines, ha encendido las alarmas en el sector musical de la isla. La Asociación de Disc Jockeys y Productores Electrónicos de Formentera (DIPEF) ha denunciado públicamente lo que consideran una “persecución creciente” a la actividad musical y un marco normativo tan disperso que “pone en peligro la música como patrimonio cultural inmaterial de Ibiza”.
En un comunicado publicado en redes sociales, DIPEF asegura: “Exigimos una regulación justa que ponga fin al ‘caos legal’ actual, provocado por múltiples normativas locales, insulares, autonómicas y nacionales”. La asociación considera que esta situación está “relegando o incluso menospreciando” a los profesionales de la música en directo y a los pequeños locales que la impulsan.
Cinco ayuntamientos, cinco ordenanzas: el caos normativo en la isla más musical del mundo
Uno de los aspectos más duros del pronunciamiento es el señalamiento directo a la fragmentación legal que afecta al sector. DIPEF advierte que Ibiza, considerada internacionalmente como una potencia musical, “tiene cinco ayuntamientos con cinco ordenanzas distintas, todo esto en lo que probablemente sea el lugar con más actividad musical por metro cuadrado del mundo”.
Para la asociación, esta descoordinación institucional genera “una inseguridad jurídica constante” para los locales que programan sesiones musicales: “Pedimos que se entienda el valor cultural de la música en Ibiza y se proteja”, afirman. DIPEF ha presentado propuestas claras a todas las administraciones competentes, pero denuncia que, tras años de reuniones, “no hemos conseguido prácticamente nada con la administración”.
“No se prohíbe la música, se prohíbe al DJ”
El caso de Sa Trinxa, donde se ha prohibido expresamente la actuación de DJs, ha sido el detonante para esta declaración. DIPEF recuerda que esta medida está basada en la normativa de parques naturales, que prohíbe la celebración de eventos, y cuestiona la interpretación que se está haciendo de la ley: “Sí, según la ley vigente no pueden celebrarse ‘eventos’, y la presencia de un DJ puede interpretarse como tal. Pero ¿no podemos adaptar el texto legal para que un hecho cultural profundamente arraigado en la isla pueda seguir ocurriendo?”
“¿Cómo puede ser que, después de medio siglo de historia, se prohíba la presencia de un DJ en Ses Salines? No se prohíbe la música. Se prohíbe al DJ”, añade el comunicado. Y plantea una reflexión que interpela directamente a las instituciones: “Si la presencia de un DJ implica un ‘evento’, ¿por qué no interpretarla como un servicio? El chef cocina, el camarero sirve. El DJ selecciona la música.”
La música, base de la identidad y de la marca Ibiza
Para DIPEF, la música es mucho más que un entretenimiento: es el alma de la isla. “Ibiza está llena de establecimientos que han contribuido a crear lo que hoy representa la marca Ibiza a nivel mundial”, subrayan. Y añaden: “No estamos hablando de fiesta ni de excesos. Estamos hablando de música.”
El texto reivindica el papel cultural del DJ, lejos del estigma del ocio masivo: “Lo que hace un DJ es seleccionar canciones para convertir un espacio y un momento en algo especial, memorable. Todos conocemos el poder de la música, la infinidad de recuerdos que una canción puede evocar en miles (quizá millones) de personas que han vivido experiencias únicas en Ibiza.”
Falta de apoyo institucional y desigualdad con otras escenas globales
DIPEF compara la situación de Ibiza con la de otras ciudades que han dado reconocimiento formal a sus escenas musicales. “Si el techno en Berlín ha sido reconocido por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, ¿por qué en Ibiza no hemos reclamado nuestra personalidad musical con ese mismo orgullo?”, se preguntan.
Lamentan que, pese al peso económico y simbólico de la música en la isla, no exista una política cultural que la proteja. “Este patrimonio musical, cultural, debería enorgullecernos a todos. Además, representa un motor económico potentísimo, que sin embargo no cuenta con respaldo institucional en forma de educación, profesionalización local ni políticas de protección cultural”, denuncian.
