CRISIS DE VIVIENDA

El Congreso debate si la Sareb cederá el 80% de sus viviendas a alquiler social: cómo impactaría en Ibiza

En la isla apenas cuenta con dos vivienas y un anejo, mientras que en Baleares hay poco más de 400 viviendas.

Congreso de los Diputados
Congreso de los Diputados, sesión plenaria en el hemiciclo

El Pleno del Congreso votará este martes una propuesta de ley del Parlamento de Cataluña para que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) destine el 80% de sus inmuebles al alquiler social. La iniciativa, impulsada por Esquerra Republicana, busca garantizar un retorno social del rescate bancario, que costó más de 64.000 millones de euros al Estado.

Impacto en Ibiza: solo cuatro viviendas en la isla

En Ibiza, el impacto de la medida sería muy limitado. Según los datos disponibles, la Sareb posee apenas cuatro viviendas en la isla, distribuidas de la siguiente manera:

  • Vila: 1 anejo
  • Sant Antoni: 1 vivienda y 1 suelo
  • Sant Josep: 2 viviendas y 1 suelo

A nivel balear, la Sareb cuenta con 407 viviendas, una cifra que se aleja mucho de las 37.618 que tiene en el conjunto de España.

Un intento de corregir el «rescate sin retorno»

La propuesta toma en cuenta recomendaciones del síndic de greuges (defensor del pueblo catalán) para corregir la falta de retorno social del rescate bancario. Se busca crear un parque de vivienda social y que la Sareb ceda terrenos urbanizables.

La iniciativa legislativa llega en un contexto de emergencia habitacional en muchas ciudades, donde los precios del alquiler han alcanzado máximos históricos. Según recoge el texto de la propuesta, la crisis financiera de 2008 llevó al Estado a asumir el coste del rescate bancario, sin que se produjera un rescate equivalente para los ciudadanos.

El objetivo de la ley es doble:

  1. Crear un parque público de vivienda en alquiler social, cediendo el 80% de los inmuebles de la Sareb.
  2. Obligar a la Sareb a ceder el 50% de sus terrenos urbanizables para facilitar la construcción de vivienda asequible.
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El texto también propone reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de modo que los ayuntamientos puedan utilizar su superávit en inversión en vivienda, permitiéndoles ejercer el derecho de tanteo y retracto en los procesos de ejecución hipotecaria.

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