El Consell Insular de Formentera ha acordado este lunes el desistimiento del procedimiento ordinario interpuesto ante la jurisdicción contencioso-administrativa contra el acuerdo adoptado por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) el pasado 6 de mayo de 2025, relativo a los pliegos del concurso para la explotación de instalaciones en el puerto de La Savina.
La decisión responde, según ha explicado la institución, a la voluntad del equipo de gobierno de evaluar con el máximo rigor las posibilidades reales del procedimiento judicial a partir de un análisis técnico y jurídico detallado.
El informe jurídico encargado por el Consell concluye que el recurso presenta una viabilidad jurídica limitada en el marco del procedimiento contencioso-administrativo. El documento advierte de que el proceso se desarrolla en un escenario de “riesgo procesal relevante, con expectativas de éxito objetivamente reducidas”.
En concreto, el informe considera que no resulta viable cuestionar la decisión de la APB de reordenar el puerto de La Savina y convocar un único concurso para otorgar una sola concesión que integre los espacios de tierra —aparcamientos y locales comerciales— y los espacios de agua —amarres—, ya que la Autoridad Portuaria actúa dentro de las competencias que tiene legalmente atribuidas.
Asimismo, subraya que el Puerto de La Savina es un único puerto de interés general y que la APB no se ha excedido en sus facultades al adoptar el acuerdo que supone la reordenación de sus infraestructuras.
En relación con la alegación de que la unificación en una sola concesión pudiera vulnerar el principio de libre concurrencia o generar una situación de monopolio en la prestación de servicios portuarios, el informe sostiene que esta pretensión anulatoria tiene “escasa viabilidad”. Argumenta que la gestión por un único concesionario seleccionado mediante concurso público —abierto a todas las empresas que cumplan los requisitos de solvencia y con un sistema de tarifas máximas vinculantes fijadas en los pliegos— no vulnera la libre competencia ni produce una situación de abuso en el mercado.
Ante estas conclusiones, el equipo de gobierno de Sa Unió ha optado por desistir del procedimiento por criterios de prudencia jurídica, responsabilidad institucional y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha señalado que “gobernar también implica tomar decisiones responsables cuando los escenarios jurídicos no ofrecen garantías razonables de éxito”. En este sentido, ha recalcado que no se pueden comprometer recursos públicos en procedimientos con una viabilidad limitada.
Portas ha advertido además de que la continuidad del litigio supondría asumir un coste económico elevado para las arcas públicas y el riesgo de una condena en costas en caso de perder el procedimiento, sin una expectativa jurídica sólida de que el recurso fuera estimado.
Pese al desistimiento, el Consell ha asegurado que se mantendrá atento a la evolución del proceso con el objetivo de garantizar que las decisiones derivadas de la gestión del puerto de La Savina ofrezcan las mejores condiciones posibles para la ciudadanía de Formentera.
En este sentido, el presidente ha subrayado que el desistimiento “no implica renunciar a la defensa de los intereses de Formentera”, sino que la institución continuará ejerciendo su función de seguimiento, interlocución y defensa del territorio.
