El Consell de Ibiza ha aprobado la transferencia de 15 millones de euros a la empresa UTE Giref, encargada de la gestión del vertedero insular de Ca na Putxa, para costear las inversiones realizadas en los últimos años en el área ambiental.
Esta aportación proviene del remanente de la institución y busca aliviar la carga económica que recaía sobre los ayuntamientos de la isla. Además, se explorará la posibilidad de reducir el recibo de la basura, aunque los partidos de la oposición cuestionan que la rebaja pueda ser significativa.
El acuerdo con el Govern y su impacto en la gestión de residuos
El conseller de Hacienda, Salvador Losa, ha destacado que se ha logrado firmar un acuerdo con el Govern Balear para financiar los 15 millones reclamados desde 2007 en el marco del convenio de residuos.
Sin embargo, ha aclarado que el Govern realizará los pagos en un plazo de 10 años, incluyendo intereses, lo que elevará la cifra total a unos 17 millones de euros, según ha informado Radio Ibiza.
Losa ha adelantado que este acuerdo podría generar un ahorro para los municipios, ya que se espera que los ayuntamientos paguen 1,2 millones de euros menos anualmente a la UTE Giref en concepto de canon de explotación. A partir de ahora, se deberá formalizar un convenio regulador con la empresa para definir los términos precisos de la reducción de la tarifa en función de criterios técnicos y toneladas de residuos generadas.
“No podemos precisar aún cuánto se reducirá el recibo de basura, si será un euro o cinco, eso lo evaluaremos en función del volumen de residuos», ha subrayado Losa.
La oposición cuestiona la gestión del Consell
Desde la oposición, Josep Marí Ribas, portavoz del PSOE, ha criticado la decisión del Consell de utilizar su remanente de tesorería para esta transferencia. «El Consell está haciendo de banco sin necesidad, cuando podría haber gestionado estos fondos a medida que los enviara el Govern», afirmó, sugiriendo que esos recursos podrían haberse destinado a proyectos más urgentes y necesarios para la isla.
Por su parte, el conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, ha acusado al Partido Popular de usar la nueva Ley estatal de residuos como excusa para justificar las subidas en el recibo. «Se escudan en esta normativa, cuando las subidas tendrían que haberse realizado gradualmente en años anteriores», comentó Rodríguez.
Marí Ribas también ha recordado que la directiva europea que obliga a los estados miembros a revisar sus políticas de gestión de residuos fue impulsada en su momento por Miguel Arias Cañete, exministro del PP. «Ahora culpan al Gobierno central, pero esta es una normativa que el PP apoyó desde su origen en Europa», añadió el portavoz socialista.
Inseguridad jurídica y el futuro del convenio
Losa ha admitido que la aplicación de la directiva europea ha generado incertidumbre jurídica tanto para la administración como para las empresas, según ha informado la Cadena Ser.
“Esta situación ha generado inseguridad en la gestión, y esperamos que con esta transferencia se mitigue parte de esa incertidumbre», afirmó.
El acuerdo, además de garantizar el alivio económico para los ayuntamientos, permitirá definir los criterios de gestión de residuos en la isla para los próximos años. Sin embargo, queda por ver si la reducción del recibo de basura será lo suficientemente significativa como para satisfacer a los ciudadanos y a los grupos de la oposición.
