El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, junto con los alcaldes de la isla, se reunió con los diputados y senadores nacionales ibicencos José Vicente Marí Bosó (PP), Milena Herrera (PSOE), Juanjo Ferrer (EiF en el Senado) y Miquel Jerez (PP) para abordar asuntos de interés común. Entre los temas tratados, destacó la preocupación por la escasez de funcionarios de la Administración General del Estado en Ibiza, especialmente en los cuerpos de seguridad como la Guardia Civil y la Policía Nacional. Las autoridades locales atribuyen esta situación al elevado coste de vida en la isla, que dificulta la atracción y retención de personal.
En este contexto, se planteó la necesidad de establecer un plus de insularidad o incentivos similares que compensen la carestía de vida en Ibiza y fomenten la estabilidad de las plantillas. Esta medida busca evitar que las policías locales tengan que asumir funciones que corresponden a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado debido a la falta de efectivos.
El alto coste de vida dificulta la llegada de funcionarios
La problemática del acceso a la vivienda en Ibiza ha sido señalada en diversas ocasiones como un factor determinante en la dificultad para cubrir plazas de funcionarios. Por ejemplo, según declaraciones de Ana Vázquez, diputada del PP en el Congreso y portavoz en la Comisión de Interior, «para un funcionario, venir destinado a Ibiza es difícil porque es imposible estar aquí. Las viviendas tienen un precio de alquiler altísimo y esto dificulta que venga un policía recién jurado o un funcionario de prisiones».
Además, Vázquez destacó que «los funcionarios están abandonados» y que la falta de incentivos económicos agrava la situación.
Esta situación ha llevado a que, en algunos casos, los funcionarios destinados a Ibiza tengan que compartir habitaciones o incluso vivir en condiciones precarias debido a la imposibilidad de afrontar los elevados costes de alquiler. La falta de un complemento de insularidad adecuado ha sido una reivindicación constante por parte de sindicatos y representantes políticos locales.
Ahora, los ayuntamientos han expresado su preocupación por que deban ser las policías locales quienes acaben realizando las tareas propias de los cuerpos y fuerzas del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional), con las dificultades que ello implica, y sin ningún tipo de compensación por parte del Estado.
«En este sentido, se ha abordado la necesidad de impulsar un plus de insularidad, de fidelización, de difícil cobertura, o similar, que ayude a que los agentes destinados a Ibiza decidan quedarse dada la posibilidad de recibir una compensación por la carestía de la vida en la isla», ha informado el Consell en un comunicado. «Igualmente, se ha puesto en valor la importancia de los refuerzos de verano, que son necesarios y han hecho de Eivissa un destino en el que la seguridad es valorada por los visitantes, pero que no cubren las carencias en las plantillas de todo el año», ha añadido.
El Consell insta al Estado a detener las pateras en sus países de origen para evitar la llegada masiva de inmigrantes
Otro de los temas abordados en la reunión fue la creciente llegada de pateras a las costas de Ibiza y, en particular, el aumento de menores extranjeros no acompañados (MENA) cuya tutela recae en el Consell Insular. Vicent Marí expresó su preocupación por la presión que esta situación ejerce sobre los servicios sociales de la isla, señalando que «actualmente 70 de los menores tutelados por el Consell provienen de esta casuística, lo que distorsiona el normal funcionamiento de un servicio que debería estar centrado en atender a los jóvenes locales».
El presidente del Consell solicitó al Estado que actúe en los países de origen para prevenir la salida de estas embarcaciones y combatir las mafias que trafican con personas. Marí enfatizó que «estamos solos ante esta problemática, vemos que cada vez tenemos más presiones pero que no nos ayuda nadie». Esta petición busca reducir la llegada de inmigrantes irregulares y aliviar la carga sobre los recursos locales.
La reunión concluyó con el compromiso de los representantes ibicencos en Madrid de trasladar estas inquietudes al Gobierno central y trabajar conjuntamente para encontrar soluciones que atiendan las necesidades específicas de Ibiza en materia de seguridad, inmigración y servicios públicos.
