El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Govern balear contra varios artículos de la ley estatal de vivienda, al entender que los preceptos impugnados ya habían sido analizados y resueltos en fallos anteriores, según recoge la sentencia conocida este jueves.
El pleno del alto tribunal ha declarado la pérdida sobrevenida del objeto del recurso promovido por el Consell de Govern, al comprobar que las mismas cuestiones competenciales ya fueron abordadas en otros procedimientos, entre ellos los impulsados por la Junta de Andalucía y por más de medio centenar de diputados del PP en el Congreso, de acuerdo con el fallo al que ha tenido acceso Europa Press.
Recursos previos ya resueltos
El TC recuerda que algunos de los artículos recurridos fueron anulados o declarados inconstitucionales en sentencias anteriores, mientras que otros fueron plenamente avalados, lo que deja sin contenido el recurso balear al existir una coincidencia sustancial con los argumentos ya examinados, conforme a la doctrina constitucional.
Según subraya el tribunal, la expulsión del ordenamiento jurídico de determinados preceptos impugnados implica automáticamente la pérdida del objeto del recurso, al no subsistir ya la controversia competencial planteada por Baleares, que resulta “muy similar a la ya resuelta” en fallos previos.
Reacción del Govern balear
Preguntado por esta resolución, el portavoz del Govern, Antoni Costa, ha restado relevancia al pronunciamiento judicial y ha insistido en que la desestimación no implica un rechazo de los argumentos del Ejecutivo autonómico, sino que responde a que el asunto ya había sido examinado anteriormente.
“Lo que ha sucedido no es que no se nos dé la razón, sino que ya se había dado la razón, y para no reiterar”, ha afirmado Costa durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes, según ha explicado el Ejecutivo autonómico.
La ley estatal de vivienda, aprobada en la pasada legislatura, ha sido objeto de numerosos recursos de inconstitucionalidad por parte de comunidades autónomas y grupos parlamentarios, especialmente en lo relativo a la regulación del mercado del alquiler y las competencias autonómicas, un debate con especial incidencia en territorios tensionados como Baleares y Ibiza.
