El traslado de residuos desde Ibiza y Formentera a Mallorca volvió a abrir un nuevo frente entre el Govern y Vox durante el pleno del Parlament de este martes, evidenciando un choque que ya se arrastra desde la caída del decreto de aceleración de proyectos estratégicos.
La diputada de Vox, Patricia de las Heras, exigió al conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, que el Ejecutivo redacte un decreto específico para avalar legalmente el traslado de residuos, previsto ante el inminente límite de la vida útil del vertedero de Ca na Putxa. Según la formación, esta actuación “inevitable” no puede quedar supeditada a un texto que consideran “contaminado de Agenda 2030”.
Costa rechazó de plano la opción de un decreto propio y defendió mantener la fórmula prevista: incluir la cobertura legal dentro del decreto de aceleración de proyectos estratégicos, rechazado previamente en la Cámara precisamente por el voto en contra de Vox. “Estamos dispuestos a negociar. Dígannos qué apartados no les gustan, los hablamos y, cuando haya consenso, lo aprobamos íntegramente”, afirmó el vicepresidente.
El conseller reprochó a De las Heras que critique la presencia de referencias a la Agenda 2030 en el texto, asegurando que “no es cierto” que esté plagado de ellas, aunque se mostró dispuesto a corregir lo que fuera necesario para desbloquear la situación. “Creo que comparten la mayoría de medidas. No fue el contenido lo que motivó su rechazo”, señaló.
Vox, sin embargo, mantuvo su postura y acusó al Govern de “trilerismo” y de ocultar a sus votantes su supuesto alineamiento con políticas progresistas. “Traigan un decreto específico y tendrán nuestro voto. Digan claro que apoyan la Agenda 2030. No aceptaremos chantajes de la vieja política”, respondió De las Heras.
El Govern insiste en la negociación, mientras Vox reclama un marco legal independiente. El resultado de este pulso determinará los plazos y la seguridad jurídica del futuro traslado de residuos, una medida que todas las partes consideran necesaria, pero cuya vía administrativa sigue sumida en la discrepancia política.
