La chapuza histórica del SEPES al obviar una partida presupuestaria que contemplara los inevitables hallazgos arqueológicos en la urbanización de las 532 viviendas públicas de Ca n’Escandell tendrá no solo consecuencias económicas sino también sociales: implicará un nuevo retraso al ya demorado proyecto anunciado en 2008.
-
El imperdonable error del Gobierno que está detrás de la paralización de 500 pisos públicos de Ibiza
Esto tendrá un impacto directo en la bola de nieve imparable de la crisis de vivienda en la isla, cuya lista de espera del Ibavi registra 1.400 solicitudes para acceder a pisos de protección oficial.
Paralizados desde hace semanas los trabajos de urbanización por parte de la empresa adjudicataria ASCH Infraestructuras y Servicios, ahora el Gobierno central debe decidir entre dos caminos.
Por un lado, una tramitación “exprés” con la modificación del contrato actual a partir de una actualización de los montos para que la misma licenciataria subcontrate el trabajo arqueológico.
O, directamente, lanzar una nueva licitación pública con libre concurrencia para llevar adelante estos trabajos que, según estimaciones de especialistas y a partir de la comparación con una operación similar en el anexo a los terrenos de Ca n’Escandell, donde el Ayuntamiento está tramitando la construcción del nuevo campo de fútbol y rugby de Es Putxet, costaría cerca de 5 millones de euros.
Sea cual fuera el camino escogido, de inicio ya supone una demora de 12 meses, tiempo estimado para llevar adelante la labor por parte de los arqueólogos para los trabajos de excavación, documentación y confección de memoria que luego debe presentarse ante la Comisión Insular de Patrimonio del Consell.
Este año se sumaría a las semanas ya perdidas desde la paralización sine die, las demoras en la resolución del actual conflicto económico entre SEPES y la adjudicataria y los plazos para las nuevas tramitaciones correspondientes, ya sea por el camino exprés o la nueva licitación.
Así, las proyecciones estiman cerca de un año y medio. Probablemente, acaben siendo más. Nadie lo puede saber con exactitud en estos momentos.
¿Se puede modificar el contrato actual?
Los contratos del sector público se encuentran regulados a través de la Ley 9/2017, norma legal que determina cómo deben contratar las administraciones públicas en España.
Su objetivo es garantizar que el uso del dinero público en obras, servicios, suministros, concesiones, etc., se realice de forma transparente, eficiente, legal y con igualdad de oportunidades para todas las empresas.
Allí se establecen las condiciones y excepciones para la modificación de contratos. El artículo 205 establece las modificaciones no previstas. Entre ellas se establecen la “necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato”.
Esta modificación no debe alterar la naturaleza del contrato ni cambiar el objetivo principal que distorsione la competencia.
En estos casos, el importe de la modificación no puede superar el 50 % del precio original, salvo por sentencia judicial o fuerza mayor.
El peor escenario
A partir del relevamiento arqueológico, Patrimonio debe decidir qué hacer. En caso de que se traten de las típicas zanjas de cultivos encontradas en estas zonas, se acostumbra autorizar su desmantelamiento y continuar con las obras originales.
Sin embargo, en caso de hallarse estructuras de calado y con valor patrimonial, esto podría provocar una modificación del plan inicial para la construcción de las 532 viviendas, lo que supondría un problema mayúsculo para las administraciones competentes.
Este sería el peor escenario posible, teniendo en cuenta que las tramitaciones para retomar el plan de urbanización podrían acumular todavía más años.
Sigue leyendo:
-
La constructora del barrio de VPO de Ibiza: de ganar con una oferta temeraria a presionar paralizando las obras ‘sine die’
-
SEPES lanza el concurso con jurado para la proyecto de edificación de las primeras 197 viviendas en Ca n’Escandell
-
Ibiza cede suelo al Govern para construir viviendas públicas para personal sanitario
