Mallorca avanza hacia la implantación del Área de Prestación Conjunta (APC) del taxi, un modelo que permitiría operar sin restricciones municipales y optimizar el servicio en toda la isla. El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha destacado que esta medida repercutirá positivamente en los ciudadanos y dotará de mayor coherencia al sector. Mientras tanto, en Ibiza, donde el sector reclama la implementación de esta regulación desde hace años, la administración sigue sin avanzar. El proyecto ha desaparecido de la agenda política.
Mallorca avanza con el Govern
El pasado jueves, en el marco de la asamblea de la Asociación de Taxistas de Pimem, el conseller Mateo reiteró su apoyo a la creación del APC en Mallorca, una medida recogida en la Ley Balear del Taxi, aprobada en 2024. Según el conseller, la unificación del servicio haría que el sector trabajara en una «dirección común» y favorecería la movilidad insular.
Gabriel Moragues, presidente de la Asociación de Taxistas de Pimem a la par que de la Federación del Taxi de Baleares, reconoció que existen preocupaciones en algunos municipios sobre la gestión del área de prestación conjunta, pero subrayó que el objetivo es unificar la isla bajo una competencia regulada por el Govern. «El transporte debe ser urbano en toda la isla. Solo así podremos competir con un enemigo que carga y descarga donde quiere», afirmó en referencia al transporte pirata y a Uber.
En Mallorca, donde es el propio Govern quien regula el taxi ya que el Consell de Mallorca renunció a ejercer esta competencia porque suponía asumir el agujero presupuestario de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), uno de los principales problemas denunciados por los taxistas es la proliferación de furgonetas sin licencia que captan clientes en el aeropuerto de Palma. «No puede ser que 15 o 20 personas obstaculicen la salida de los turistas y los engañen con tarifas falsas», criticó Moragues, exigiendo mayor contundencia al Govern.
Aún no han trascendido los detalles de cómo se implementaría esta área de prestación conjunta en la mayor de las Islas Baleares, pero, de hecho, Mallorca ya dio sus primeros pasos el año pasado con un acuerdo para un plan piloto entre Palma y Calviá, algo que podría ampliarse en la temporada venidera con más municipios
Ibiza: un proyecto estancado
Mientras Mallorca avanza en la creación del APC, en Ibiza la situación parece paralizada a pesar del consenso del sector, unificado desde hace tiempo detrás de una reclamación que parece más cosmética que real.
Todo el mundo dice estar de acuerdo en que el camino es la creación de una área de prestación conjunta. Pero la realidad es que la figura no toma impulso.
«Todo tiene que ser más simple, sin tantas interpretaciones y bajo un mismo marco normativo», dijo Antoni Roig, el presidente de la FITIE en su condición de portavoz del colectivo en la materia.
Falta de voluntad política
Por su parte, el presidente de la Agrupación de Autotaxis de Baleares, el combativo Joan Marí Riera, denuncia que el problema no es la falta de acuerdo entre taxistas, sino la ausencia de voluntad política. «En 2022 se aprobó un régimen de recogida mediante decreto ley con la promesa de trabajar en la creación del área de prestación conjunta. Pero así seguimos: no tienen interés«, critica.
Y señala la paradoja: en Mallorca, donde los taxistas están divididos, se ha avanzado en la creación del área, mientras que en Ibiza, donde el reclamo es unánime, no.
El Decreto-ley 5/2022, aprobado por el Govern y al que se refiere Riera, sentó las bases para la futura implantación del APC en Ibiza. «Lo cierto es que no quieren crear el área porque ya les va bien el galimatías normativo que tenemos«, lamenta Marí.
Los primeros pasos
El Consell de Ibiza ha manifestado públicamente su intención de avanzar en la creación del APC, y ha insistido en numerosas ocasiones en que el tema está sobre la mesa y en que está en conversación con los ayuntamientos y con el colectivo.
En esa línea, el año pasado ha dado pasos en dirección a un área de prestación conjunta al incluir en la creación del Consorcio para la Movilidad Sostenible que sea el órgano de gobierno de la mancomunidad con los ayuntamientos.
Mientras se dilata la entrada en funciones de este órgano, los taxistas deben regirse por ordenanzas municipales que difieren entre sí, según el ayuntamiento que les haya otorgado las licencias.
Pero, a su vez, el Decreto-ley 5/2022 permite a los taxis recoger pasajeros en cualquier parada de la isla si hay usuarios esperando, siempre que respeten el orden de llegada. Es decir, cada Ayuntamiento brinda licencias bajo sus propias condiciones, pero luego los taxis prestan servicio por todo el territorio insular.
La creación del área de prestación conjunta permitiría a los taxis operar en toda la isla sin restricciones municipales, evitando los conflictos de competencias entre ayuntamientos y mejorando la calidad del servicio.
