El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha instado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a aplicar la Ley estatal de Vivienda para permitir la limitación del precio del alquiler en zonas tensionadas y a adherirse al plan estatal de vivienda, que permitiría financiar hasta el 60 % de las nuevas promociones con fondos estatales. Así lo ha expresado este lunes durante el balance anual de la Delegación del Gobierno, centrado en gran medida en la crisis de acceso a la vivienda que sufre el archipiélago.
Rodríguez ha solicitado a Prohens que, si mantiene su negativa a aplicar la normativa estatal, al menos permita a los ayuntamientos declarar zonas tensionadas, una medida contemplada en la legislación vigente y aplicada ya en municipios como A Coruña.
“Negarse a aplicar la ley estatal es renunciar a herramientas eficaces que aliviarían el drama del acceso a la vivienda en Baleares”, afirmó.
Critica a Prohens por favorecer a promotores
Durante su comparecencia, el delegado ha reclamado que el Govern balear priorice las viviendas de protección oficial (VPO) frente a las de precio limitado. A su juicio, estas últimas benefician a promotores y especuladores, mientras que las VPO garantizan el acceso a un hogar a precios justos.
Rodríguez recordó que, dentro del Plan Estatal de Vivienda, el Estado cubre el 60 % del coste de cada proyecto, mientras que las comunidades solo deben aportar el 40 %. “Es un esfuerzo asumible que multiplica el impacto social de la inversión pública”, recalcó.
752 pisos de alquiler social y 2.900 viviendas proyectadas
Rodríguez ha detallado que en la actualidad hay 752 pisos de alquiler social en construcción en 23 municipios de las islas, financiados en parte con 97,7 millones del Plan de Recuperación. Además, el Ministerio de Vivienda ha presupuestado 71,4 millones a través de los planes estatales y otros 197 millones mediante la sociedad pública SEPES, ahora denominada Casa 47, a los que se suman 18 millones en subvenciones nominativas.
En total, los fondos permitirán 2.900 nuevas viviendas de alquiler social en Baleares, además de impulsar 12 proyectos de movilidad sostenible, como la ampliación del metro de Palma o nuevas paradas de autobús en Ibiza, Menorca y Mallorca.
Balance económico y social del Gobierno central en Baleares
El delegado ha defendido que, entre 2019 y 2025, la financiación estatal a la comunidad ha alcanzado máximos históricos, con un aumento del 60,6 %. Para 2026, se prevé que Baleares reciba 4.206 millones del sistema de financiación autonómica, además de un margen fiscal de 153,4 millones por la nueva senda de déficit.
En materia social, ha destacado:
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41.600 trabajadores beneficiados por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
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Un incremento medio de 360 euros mensuales en las pensiones de más de 200.000 pensionistas.
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27.221 perceptores del Ingreso Mínimo Vital y casi 19.000 beneficiarios del bono social eléctrico en el archipiélago.
También se ha referido a los avances en empleo, con un aumento del 219 % en la contratación indefinida en las últimas dos legislaturas, y a la inversión de más de 430 millones en educación, especialmente en Formación Profesional, que ha alcanzado cifras récord de alumnos.
Impulso a infraestructuras
Entre los proyectos financiados por el Estado destaca una inversión de tres millones de euros en Ibiza, dentro del Programa de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, así como los avances en infraestructuras de seguridad:
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Nuevo cuartel de la Guardia Civil en Santanyí, con una inversión de 7,7 millones.
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Nueva comisaría de Policía Nacional en Maó, cuyas obras comenzarán en 2026.
