El Gobierno de España ha lanzado una advertencia al Ejecutivo de Marga Prohens, señalando la posible inconstitucionalidad de la recientemente aprobada Ley de Simplificación Administrativa en Baleares.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, destacó este jueves en Palma que la ley del Gobierno balear del PP no debió ser aprobada mediante un decreto.
Torres ha sido claro en su advertencia, subrayando que si no se negocian las modificaciones necesarias en los aspectos de la ley que se consideran inconstitucionales, el Gobierno central interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional.
«No podemos permitir que una ley con aspectos tan controvertidos avance sin el debido proceso y sin el respeto a la Constitución», afirmó Torres.
El Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (Gob) ha respaldado esta postura, solicitando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la ley para suspender cautelarmente su entrada en vigor.
Los representantes del grupo ecologista en Mallorca argumentan que la ley permite la construcción en zonas de riesgo medioambiental y representa una modificación arbitraria de las condiciones legales del territorio.
El pasado martes, el Gob manifestó su preocupación por las implicaciones ambientales de la ley, destacando que su implementación podría llevar a un deterioro significativo del entorno natural de las Islas Baleares. «Esta ley pone en peligro áreas de alto valor ecológico y abre la puerta a desarrollos que podrían tener consecuencias irreversibles para nuestro medio ambiente», advirtieron los ecologistas.
Respuesta
En respuesta, el Gobierno de Prohens ha defendido la Ley de Simplificación Administrativa, argumentando que es necesaria para agilizar procesos burocráticos y fomentar el desarrollo económico.
Sin embargo, la presión de los grupos ecologistas y la amenaza de un recurso de inconstitucionalidad ponen en jaque la viabilidad de la legislación en su forma actual.
