La situación migratoria en Baleares ha alcanzado un nivel crítico en las últimas semanas, con la llegada de cientos de personas a las costas del archipiélago.
El pasado jueves, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, expresó su preocupación durante la segunda Conferencia de Presidentes de los Consells insulares, celebrada en el Consolat de Mar, al señalar que la llegada de menores migrantes no acompañados está desbordando los recursos de acogida de las islas.
Prohens declaró que las plazas habilitadas para estos menores están sobreocupadas en un 850%, lo que ha generado una «crisis sin precedentes» en la gestión de estos casos. “Baleares ha llegado a su límite”, enfatizó, advirtiendo que si la situación no mejora, en las próximas semanas no habrá más lugares donde alojar a los menores que sigan llegando.
Actualmente, 420 menores migrantes no acompañados se encuentran bajo tutela en las islas, lo que representa el 55% de todos los menores tutelados en Baleares. Además, el 75% de los jóvenes en proceso de emancipación fueron en su día menores migrantes no acompañados.
Prohens también subrayó que la falta de espacios no es el único problema, ya que incluso si se encontraran más lugares para acoger a los menores, no habría suficientes profesionales capacitados para ofrecerles la atención necesaria. Durante la reunión, los cuatro presidentes insulares y la presidenta firmaron una declaración institucional en la que se exigen recursos adicionales del Gobierno central para enfrentar esta crisis.
Críticas al Gobierno Central
En sus declaraciones, Prohens criticó la falta de coordinación entre los diferentes ministerios del Gobierno central, acusándolos de «pasarse la responsabilidad de uno al otro». La presidenta reclamó una actuación conjunta y coordinada de los ministerios de Asuntos Exteriores, Interior, Migraciones e Infancia para abordar el problema de manera efectiva. “La responsabilidad es del Gobierno de España, y no pueden ponerse de espaldas ante este problema”, declaró.
Prohens también solicitó un refuerzo de los cuerpos de seguridad en las islas, argumentando que la Guardia Civil y la Policía Nacional están desviando recursos para gestionar la llegada de migrantes, lo que deja otras áreas críticas desatendidas.
Respuesta del Gobierno Central
Tras las declaraciones de Prohens, el Gobierno Central no tardó en responder. Alfonso Rodríguez Badal, delegado del Gobierno en Baleares, pidió a la presidenta que «se deje ayudar» y que colabore con el Ejecutivo central para garantizar la dignidad y la protección de los menores no acompañados.
Rodríguez Badal recordó que la gestión de estos menores es una competencia autonómica, aunque subrayó que el Gobierno de España está trabajando «con responsabilidad» en la gestión del flujo migratorio.
El delegado también defendió la reforma de la Ley de Extranjería, propuesta por el Gobierno central, como una solución a largo plazo para la crisis migratoria, y calificó de «error» el rechazo a esta reforma por parte de la presidenta balear.
Según Rodríguez Badal, la mejor solución es el «reparto solidario» entre territorios, de modo que las comunidades autónomas compartan la carga de acoger a estos menores migrantes.
El Gobierno central, afirmó Rodríguez Badal, está buscando nuevas formas de ayudar a las comunidades autónomas más afectadas por la crisis migratoria, como Baleares, Canarias y Ceuta, pero insistió en que es fundamental que el reparto de estos menores se haga de forma equitativa entre todos los territorios del país.
