Desde hace meses, el Govern balear reclama a Madrid que solicite formalmente la presencia de Frontex en el archipiélago. La presión migratoria en la ruta Argelia-Baleares no cesa, y el Ejecutivo de Marga Prohens ha elevado el tono recientemente, insistiendo en que la situación es insostenible.
Sin embargo, la respuesta del Gobierno central ha sorprendido: la Delegación del Gobierno asegura ahora que la agencia europea ya actúa en la zona, en cooperación con la Guardia Civil, restando así fuerza al argumento de que se trata de una medida pendiente.
Un informe de la Delegación del Gobierno de España en Baleares ha señalado que Frontex participa en la vigilancia de la llamada ruta argeliana. Ese matiz contradice el silencio de Madrid hasta ahora ante las peticiones constantes desde Baleares. Y, claro, aumenta la tensión entre el Gobierno Central y la administración autonómica.
Delegación del Gobierno ha aclarado que la función de Frontex en el Mediterráneo es colaborar con la Guardia Civil en la detección de barcas, pero que no se encarga de devolver migrantes a sus países de origen. Según Madrid, el pedido del Gobierno central para que Frontex intervenga fue en octubre de 2024.
Frontex, el telón de fondo de la crisis
Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, se ha convertido en la palabra mágica de este debate. Para el Govern balear, su despliegue en el archipiélago supondría contar con más recursos humanos y tecnológicos para frenar la llegada de pateras y compartir la carga de una frontera marítima que, según insiste Prohens, ya ha desbordado a las instituciones insulares.
Para el Gobierno central, en cambio, se trata de recordar que la cooperación ya existe, aunque sin ese despliegue formal que reclaman las Islas.
El problema de fondo es que los datos no invitan a la calma: la ruta entre Argelia y Baleares es la que más crece de toda Europa. En lo que va de 2025, más de 5.000 migrantes arribaron en estas embarcaciones a las costas baleares, muchos de ellos Ibiza y, especialmente, a Formentera.
El fenómeno no solo pone en tensión a Salvamento Marítimo o a la Guardia Civil, sino también a los sistemas de acogida. En las Pitiusas, los centros para menores migrantes no acompañados están al límite: más de 600 adolescentes están bajo tutela en Ibiza y Formentera, y los profesionales han advertido de que ya no cuentan con personal suficiente para atenderlos.
Medidas del Gobierno central
El Gobierno central ha tratado de dar respuesta con proyectos de centros de acogida en los puertos de Ibiza y Formentera. En es Botafoc y en La Savina se levantan módulos temporales con dormitorios, duchas, enfermería y comedores. Un contrato de emergencia, valorado en más de seis millones de euros, debía acelerar su puesta en marcha.
En paralelo, el Gobierno aprobó el 16 de septiembre la declaración de emergencia migratoria en Baleares, una medida excepcional que busca dar respuesta al aumento sostenido de personas migrantes que han llegado al archipiélago.
Estas medidas, no obstante, no apuntan a contener la llegada de pateras al archipiélago, sino que brindan ayuda humanitaria para los inmigrantes que arriban a las costas baleares.
