Los partidos de la coalición del Gobierno de España no quieren ni oír hablar de modificar la Ley de Costas y facilitar a las comunidades autónomas y ayuntamientos instrumentos con los que poder excluir de alguna manera determinados bienes de los rigores que supone estar dentro del deslinde de Costas y, por lo tanto, en la zona que se conoce como servidumbre de Costas o Zona Marítimo Terrestre (ZMT).
Es un contrasentido que un Gobierno apoyado por numerosas formaciones nacionalistas desde Sumar y a través de acuerdos parlamentarios con todos los grupos periféricos se oponga a modificar una ley estatal otorgando mayor autonomía a las comunidades autónomas en una suerte de cogobernanza del litoral que reforzaría el impacto del traspaso de dicha competencia.
Tal es la oposición frontal de PSOE y Sumar que sus grupos parlamentarios votaron en el Congreso en contra de la toma en consideración del texto legislativo registrado por el Grupo Popular el pasado 10 de junio.
Todo ello fue tratado el viernes en una reunión entre la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera y representantes del PP de Ibiza y Formentera en las Cortes y la Asociación de Afectados por la Ley de Costas.
El diputado del Grupo Popular y presidente de los populares en Ibiza, José Vicente Marí Bosó, y el senador por designación autonómica de Baleares, Miguel Jerez, explicaron a los afectados por la Ley de Costas en la isla que su objetivo es dotar a las comunidades autónomas, a través de los consells o los ayuntamientos, de capacidad para excluir bienes singulares del dominio público marítimo-terrestre, permitiendo su conservación por razones históricas, culturales, deportivas o sociales.
Un nuevo deslinde para Ibiza y Formentera
El diputado popular José Vicente Marí aseguró durante este encuentro que, si se aprueba definitivamente esta iniciativa, se podrían realizar nuevos deslindes, excluyendo del dominio público los bienes protegidos, que quedarían bajo tutela de la comunidad autónoma.
En términos prácticos, la normativa propuesta posibilitaría que construcciones emblemáticas de Ibiza, como casetas de pescadores, varaderos o incluso clubes náuticos históricos, esquivaran la demolición prevista en la actual legislación.
En el caso de las casetas varadero, no la demolición no es posible por haber sido declaradas Bien de Interés Cultural (BIC), si bien persiste el riesgo de que los titulares acaben perdiendo derechos de uso y propiedad al estar dentro de la zona de servidumbre.
Los Don Pepe, víctimas de la servidumbre
Los propietarios, protegidos
Por su parte, el senador ibicenco Miquel Jerez resaltó que con la nueva ley “se conserva la propiedad y son las comunidades autónomas las que definirán los usos y limitaciones”.
Sin embargo, el PSOE rechaza esta propuesta con contundencia, al entender que el texto del PP supone un «indulto» injustificado a ciertas construcciones privadas y podría abrir la puerta a la especulación inmobiliaria y al deterioro del medio ambiente en zonas de especial sensibilidad ecológica.
La postura socialista, que ya anticipa una fuerte resistencia en las próximas etapas parlamentarias, sostiene que esta reforma podría vulnerar principios fundamentales de la protección del litoral español, incluidos en la Constitución y diversas normativas europeas.
«Un primer paso»
La presidenta de la Associació d’Afectats per la Llei de Costas a Eivissa (AALCE), Aixa Torres, expresó satisfacción por este «primer paso» legislativo, aunque reconoció que no resolverá completamente la problemática derivada de la Ley de Costas aprobada en 1998, pero sí contribuirá a preservar el patrimonio cultural y tradicional ibicenco.
Durante la reunión también se comentó la situación en la Comunidad Valenciana, donde recientemente se aprobó una ley similar que ya se considera un referente autonómico. Actualmente, la Consejería del Govern Balear trabaja en una normativa propia para el litoral.
Traspaso completo
También participó en el encuentro la jurista Maria Luisa Cava de Llano, ex defensora del pueblo y ex consejera de Estado. Para la histórica política del PP de Ibiza “es fundamental que se transfieran las competencias de costa y litoral a las Comunidades Autónomas, de una forma más amplia que la actual, en la que el Estado solo ha cedido una pequeña parte de la gestión. Es imprescindible que cada CCAA pueda regular su litoral, según las necesidades e idiosincrasia de cada territorio”
Segundo intento del PP
Se trata del segundo intento por parte del PP de que el Congreso modifique la ley, después de una primera iniciativa que aprobó el año pasado con su mayoría absoluta en el Senado y que lleva «14 meses» paralizada por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien ha venido evitando sistemáticamente que la Mesa del Congreso acceda a debatirla, tras 47 prórrogas al periodo de presentación de enmiendas, según denunciaron los populares durante la presentación de la iniciativa.
