El Gobierno central ha cerrado un acuerdo con Junts para el reparto de unos 4.000 menores migrantes no acompañados actualmente en Canarias. La medida, que se oficializará a través de un real decreto temporal aprobado este martes en el Consejo de Ministros, busca aliviar la presión en las islas, donde la situación es insostenible con 5.800 jóvenes tutelados.
La medida no llega a Baleares, donde el flujo migratorio va en aumento, con una creciente llegada de menores migrantes que requieren atención y recursos.
La negativa del Govern
Desde el Ejecutivo autonómico presidido por Marga Prohens, la posición es clara: Baleares no asumirá la recepción de menas procedentes de Canarias. El Govern argumenta que la comunidad ya afronta dificultades en la gestión de los menores migrantes que llegan directamente al archipiélago, por lo que no está en condiciones de aumentar su carga asistencial.
Antoni Costa, portavoz del Govern, ha ratificado esta postura, que no es nueva. «Las Islas Baleares no están en disposición de aceptar la acogida de ningún menor más. Tenemos los centros de acogida sobresaturados, no tenemos disponibilidad de espacios ni de profesionales», había asegurado Costa a fines del año pasado.
Modelo de reparto
La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería establece un mecanismo «estructural, definitivo y obligatorio» para la redistribución de estos menores entre las autonomías.
Según fuentes gubernamentales, el modelo se ajustará periódicamente según la presión migratoria y la capacidad de acogida de cada región.
La medida incluye que las comunidades autónomas que han estado por encima de la media de plazas estructurales que deben tener —como es el caso de Cataluña, apuntan las fuentes— reciban también una compensación económica «adecuada».
Esta es una medida que han reivindicado de forma histórica las Islas Canarias ante la saturación de sus recursos asistenciales en momentos de grandes flujos migratorios hacia el archipiélago, ya que, según el marco legislativo actual, los menores permanecen bajo la tutela de la comunidad a la que han llegado.
En los últimos años se han realizado algunos repartos puntuales desde zonas como Canarias y Ceuta acordados en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, pero estos solo han alcanzado a pocos centenares de jóvenes y, además, no se han llegado a materializar completamente.
PSOE, Sumar y Coalición Canaria llevaron la iniciativa para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería al Congreso en julio del año pasado, pero fracasó en su primer paso de tramitación -su toma en consideración- por la falta de apoyo del PP, Vox y Junts.
El Gobierno pide a las autonomías sus datos de acogida para calcular el reparto de menores
Las comunidades autónomas tendrán algo más de un mes para informar al Gobierno de sus datos de menores acogidos para que el Ejecutivo pueda hacer los cálculos de cuántos niños y jóvenes migrantes no acompañados son reubicados desde zonas tensionadas como Canarias hacia estas autonomías.
Fuentes de la negociación han precisado que los criterios para la reubicación de los menores serán prácticamente los mismos que los aprobados en 2022 en una sectorial con las comunidades: población, renta per cápita, desempleo, esfuerzo realizado en la acogida y dispersión de la población.
